La Fiscalía pide crear órganos de guardia para celebrar juicios y más declaraciones de acusados por videoconferencia

La Fiscalía General del Estado ha enviado al Ministerio de Justicia sus primeras propuestas para intentar paliar el atasco previsto en los tribunales cuando se levante el estado de alarma y adaptar las sedes judiciales a la “nueva normalidad” que vaticinan el Gobierno y los expertos. El ministerio público pide que se tomen medidas para garantizar las vistas públicas, crear órganos de enjuiciamiento de guardia, potenciar las comparecencias de acusados por videoconferencias en vistas penales o el establecimiento de un sistema de señalamiento y aviso para que se eviten aglomeraciones en las esperas para entrar en un juicio. La Fiscalía aprovecha, además, para pedir la derogación de los plazos de instrucción, que se había empezado a tramitar en el Congreso antes de la declaración del estado de alarma.

La intención del Ministerio de Justicia es consensuar con los operadores jurídicos las medidas que haya que tomar para agilizar los tribunales cuando se levante la suspensión de la actividad judicial ordinaria. Al parón del estado de alarma, que ha obligado a suspender miles de vistas, habrá que suma un previsible aluvión de nuevos casos derivados de la pandemia, desde ERE y ERTE a recursos contra sanciones administrativas impuestas por salarse el confinamiento. El departamento que dirige Juan Carlos Capo contempla reformas normativas, organizativas y tecnológicas que, en un principio se abordarán, al menos en dos fases: una por la vía urgente, mediante un real decreto ley que recoja aquellas medidas consideradas inaplazables y que puedan estar en funcionamiento pocos días después de declararse el fin del estado de alarma; y otra con medidas de agilización y eficiencia que se recogerán en una ley que el Gobierno quiere tener lista antes del verano.

Justicia ha pedido ya a los operadores jurídicos que envíen sus propuestas y la Fiscalía lo ha hecho este lunes. El documento recoge las primeras 30 medidas, pero en los próximos días se presentarán otras 30, según ha anunciado el órgano que dirige Dolores Delgado. Entre las ya registradas, hay iniciativas destinadas a prevenir, al menos, paliar el colapso en los tribunales, como potenciar el protocolo de actuación para las conformidades en los juicios (y evitar así la celebración de la vista pública completa) o la creación de órganos de enjuiciamiento de guardia para poder absorber el aumento previsible de juicios una vez que se reprogramen los cancelados en las últimas semanas.

La Fiscalía propone también un paquete de medidas para agilizar la Administración de Justicia exprimiendo los recursos tecnológicos. Así, se aboga por potenciar la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad, actualizar los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales, la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la carrera fiscal, el impulso de un protocolo entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales y la regulación del flujo de escritos que entrar vía LexNet (el sistema de gestión de notificaciones telemáticas) para evitar el colapso del sistema.

La Fiscalía propone también reagrupar y potenciar la especialización de juzgados de Violencia sobre la Mujer y poner fin a la formación inicial de la 58ª promoción de fiscales (los salidos de la última oposición) para que puedan incorporarse a la carrera. Además, pide que se potencie el papel de los Registros Civiles como fuente de información en la crisis del coronavirus y se cree la Sede Electrónica de la Fiscalía General del Estado.

El documento contempla, por último, medidas para compatibilizar la vuelta a la actividad judicial normal con la protección frente al virus. El ministerio público propone la elaboración de un plan de contingencia para la carrera y la provisión de equipos y medios de protección individual, la adopción de medidas que garanticen la naturaleza pública de las vistas orales, potenciar las vistas penales con la comparecencia por videoconferencia de los acusados, el establecimiento de un sistema de señalamiento y aviso para evitar que las esperas para entrar en un juicio generen aglomeraciones de ciudadanos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya elaboró un plan de choque con 100 propuestas, ha enviado este lunes a Justicia las 13 que considera que deben incluirse en el real decreto-ley de medidas urgentes que prepara el ministerio, muy centrado en la jurisdicción civil, contencioso y social. El CGPJ propone declarar urgentes los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto durante la hibernación económica. También plantea que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando la concurrencia de fuerza mayor como consecuencia del covid-19.

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