La mujer que lleva 30 años esperando a que la indemnicen por sus quemaduras

Anna Palomares ya no es aquella niña que evitaba en la piscina que le vieran la parte izquierda de su pequeño cuerpo, la menor de ocho años que fue creciendo a la vida entre constantes visitas al quirófano (23) para tratar de superar un dolor del que no era culpable. Tampoco la joven que, en sus larguísimas estancias hospitalarias en la unidad de grandes quemados del hospital Val d’Hebron de Barcelona, vio cómo ella continuaba allí y, en cambio, daban el alta al chiquillo del que se había enamorado, y del que nunca más supo…

Anna sufrió mucho. Hoy tiene 47 años, es administradora de fincas, vive en Girona y su innata jovialidad y bonhomía le han ayudado a superar las graves secuelas de aquella negligente explosión en casa de su abuelo.

Anna es una víctima por partida doble: de la negligencia de otros (“todavía hoy evito mirarme al espejo, y menos desnuda”), y, para colmo, de la desidia del juzgado que llevó su caso. La justicia también le ha fallado. Y es que, al dolor de unas quemaduras indelebles, suma 30 años (10.950 días) de desinterés judicial. El hombre condenado por sus lesiones, José María Figueras, ni ha ido a la cárcel ni le ha indemnizado. Y ya no será posible cumplir la sentencia.

La víspera de Navidad de 1981, Anna fue con sus padres a casa de sus abuelos. Apenas tenía ocho años. Poco antes, José María Figueras había instalado en la vivienda un sistema de calefacción que conducía por tubos vapor a las tres plantas de la casa. Cuando la niña estaba en la cocina, una válvula estalló y proyectó sobre ella una ráfaga de vapor que le abrasó casi hasta los huesos la parte izquierda de su cuerpo. Figueras fue condenado a cuatro meses de cárcel por una negligencia muy grave, la deficiente instalación de la caldera) y a pagarle una indemnización de casi 80.000 euros (13 millones y medio de las antiguas pesetas). Las lesiones y secuelas, que nunca se borrarán, precisaron cuatro meses de hospitalización con 752 días de curación. “Tiene múltiples cicatrices muy extensas y deformantes en su cuerpo", según el sumario.

“Perdí casi toda la musculatura del brazo y muslo izquierdo”, detalla Anna, que poco después del accidente hizo la primera comunión ya con secuelas visibles. Su padre le donó piel para algunas reconstrucciones quirúrgicas. “Se me quemó el 40% del cuerpo, justo el porcentaje que actúa como línea divisoria entre la vida y la muerte, estuvieron a punto de amputarme el brazo izquierdo", detalla Anna desde la mirada del tiempo.

“Por absoluta negligencia, desidia y dejadez del personal adscrito al juzgado [el número 1 de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Bisbal del Ampurdán, Girona], a día de hoy, casi 30 años después de dictarse la sentencia, sigo sin haber cobrado prácticamente nada de indemnización, pese a que el proceso de ejecución se dictó hace ya 29 años”, cuenta Anna. Su caso judicial sigue abierto desde 1981. Debe ser de los más antiguos de España. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces de España, ha elaborado un informe sobre este asunto, tras presentar Anna una demanda ante el Ministerio de Justicia por la inacción judicial.

Se sintió muy feliz cuando EL PAÍS se puso en contacto con ella. “Estoy encantada de que, después de tantos años, alguien se haya interesado por mi historia”, comenta. Pese a tanto dolor, se afana por no perder de sus labios la sonrisa, pero también siente rabia. Ocho años tardó en celebrarse el juicio. 30 años después del accidente, ha perdido la esperanza de poder cobrar la indemnización. “Ni he cobrado ni él, el instalador, que ha hecho lo indecible por no pagar, tampoco ha cumplido la pequeña pena de cárcel que le impusieron, y todo por el absoluto desinterés del juzgado”, se queja.

El Poder Judicial le ha dado la razón. En su informe sobre el caso de Anna, ni siquiera entra a calificar la tardanza del juzgado en solventar un caso “que no presentaba especial complejidad”, admite el Consejo, que no entiende que los distintos jueces que han desfilado por ese juzgado no hayan utilizado el poder que les otorga la ley para que Figueras hubiera pagado. Rápido se declaró insolvente.

El Poder Judicial reproduce un escrito del letrado judicial del juzgado que sí alude a la extraordinaria dilación que cosecha este asunto: “Veintiocho años no es un plazo precisamente rápido, ni mínimamente razonable, sino extraordinariamente desacostumbrado (afortunadamente)”, reconoce el letrado.

Anna sabe que ya es imposible que el negligente instalador le indemnice. Se ha jubilado y su pensión es inembargable porque cobra menos de 950 euros. Pero hubo ocasiones en que se le pudo embargar y el juzgado no hizo nada. De nada ha servido el cerro de escritos que, año tras año, fue presentando Anna en el juzgado pidiéndole al juez que embargara las cuentas del acusado. “Le localizamos cuatro coches de su empresa y lo comunicamos al juzgado, pero cuando en alguna ocasión el juez acordó trabar las cuentas, el condenado se lo olía y las vaciaba. También se ordenó el embargo de los coches, pero él siguió funcionando con ellos por el pueblo y tampoco no pasó nada... Solo se le pudo trabar la pensión, por algo más de 2.000 euros, antes de que el salario mínimo inembargable se elevase a 950 euros.

Por eso, por la desidia judicial, ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia en la que pide una indemnización por el deficiente funcionamiento del juzgado. La indemnización por este mal funcionamiento del juzgado la fijará el Ministerio de Justicia. Ella pide casi 300.000 euros, pero la partida presupuestaria que tiene el ministerio para reparar este tipo de errores judiciales es muy limitada y no suele ir más allá de 15.000 o 20.000 euros por estas negligencias. Y el expediente no ha hecho más que comenzar.