“Multar por salir a pasear requiere mucha empatía”

El cabo Antonio llevaba 20 años sin ponerse el uniforme. Desde principios de los años noventa pertenece al servicio de escolta de la Casa del Rey y “siempre iba de paisano”. Él, que ahora trabaja en Carabaña (1.900 habitantes, a 50 kilómetros de Madrid), es uno de los muchos guardias civiles que se han presentado voluntarios para integrarse en los servicios de seguridad ciudadana que el instituto armado realiza con el despliegue de entre 15.000 y 20.000 agentes diariamente por pueblos y carreteras. El objetivo es velar por el cumplimiento del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo para contener la expansión del coronavirus que asola España (16.972 fallecidos oficiales) y el mundo (109.114). La Guardia Civil, con una media de 6.000 propuestas de sanción diarias, es el cuerpo de seguridad más castigado por la Covid-19, con seis fallecidos, y 1.200 positivos y 2.600 en cuarentena (a 8 de abril).

Sin embargo, “multar a alguien por salir a pasear, o por ir acompañado de otra persona a la compra requiere mucha empatía; no queremos ser vistos como una fuerza represora, sino como una ayuda social para luchar contra una de las peores pandemias que se recuerda en la historia”, dice el agente Luis, que presta servicio en el cuartel de Majadahonda (71.700, habitantes, a 20 kilómetros de Madrid).

Nada tiene que ver la labor que desempeñan los guardias en entornos urbanos, donde son numerosas las propuestas de sanción diarias, con la que realizan en zonas rurales, donde casi brillan por su ausencia las multas y su función es más humanitaria: “En un pueblo pequeño, la Guardia Civil es un vecino más, nos conocemos todos, y nuestro trabajo consiste en ayudar a quienes lo necesitan con la compra, con las medicinas...”, explica el cabo Diego, responsable del puesto de Carabaña, con ocho componentes: “Cuatro patrullas por la mañana y otras cuatro por la tarde para cuatro poblaciones: Carabaña, Orusco (1.202 habitantes), Ambite (601) y Villar del Olmo (1.967), y dos residencias de ancianos”.

“Nos coordinamos con Protección Civil, que es quien está en contacto con los alcaldes, y son ellos quienes nos dan los avisos”, explica Diego.

Antes de comenzar el servicio, el cabo le recuerda a su brigada que les traiga mascarillas, al mismo tiempo que carga el material que deben repartir en una de las residencias de mayores. Se trata de la residencia Bellaescusa, en Orusco. "Aquí se ha sufrido como en todas partes la falta de material de protección, sobre todo al principio”, señala la trabajadora social del centro (152 residentes), mientras recoge las cajas con mascarillas y monos que le llevan los agentes del instituto armado. “Solo ha muerto uno, con la Covid-19 confirmada”, matiza, sin aportar más datos, ni de pacientes ni de personal infectado. “Ahora ya estamos bien, las trabajadoras que siguen en sus puestos, aunque son muchas menos van bien equipadas”, asegura.

El cabo Diego también asegura que “ahora, con los refuerzos de agentes" de la Casa del Rey, están bien cubiertos, pero son varios los alcaldes de la llamada España vaciada que han denunciado la escasez de efectivos para atender sus pueblos. Una situación que responde a la distribución territorial desigual del instituto armado, que ha conllevado el cierre de muchos cuarteles por falta de personal.

En el único comercio del pueblo abierto este viernes por la tarde, Pedro Algara y su hijo, pertrechados con sendas mascarillas, desinfectan con lejía la tienda/estanco, con la ayuda de Baby, su vecina: “Aquí la gente viene por la mañana; por la tarde, solo desinfectar”, dicen detrás de la nueva mampara colocada en la caja. Viven “lejos [unos de otros]”, pero “con el susto en el cuerpo”, en un pueblo engalanado para Semana Santa, pero sin un alma en sus calles.

Y mientras en Carabaña atienden las necesidades de sus ancianos y reparten material en las residencias, en Majadahonda una pareja de agentes —ahora van siempre los mismos juntos para evitar contagios— paran a dos mujeres que vienen juntas de hacer la compra por la Gran Vía, la calle principal de la localidad.

— ¿Adónde se dirigen?

— A casa

— ¿De dónde vienen?

— De hacer la compra

— No pueden ir juntas

— Nos hemos encontrado al salir.

El agente Luis y el agente Miguel Ángel, también voluntario de la seguridad de la Casa del Rey, toman nota de los nombres y comprueban sus direcciones. Les advierten de que se enfrentan a una importante sanción (de 300 a 30.000 euros) por incumplir las limitaciones de movilidad del estado de alarma y las dejan ir. “No proponemos para sanción inmediata a todo el mundo, si hay reincidencia, por supuesto, si no, valoramos y tiramos de mano izquierda”, explican, pertrechados con guantes y mascarilla.

Dos horas antes, estaban regulando la entrada y salida de vehículos con féretros de la segunda morgue improvisada y organizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (más de 6.000 muertos por coronavirus) en la pista de hielo conocida como La Nevera de este municipio madrileño. Todavía pueden verse desde fuera las estrellas de papel de colorines que decoran su techo, bajo el que ahora se acumulan decenas de ataúdes. “El peor día fue el lunes pasado”, dicen los agentes.

De regreso al cuartel, se cruza Rodrigo, 16 años. Va con cascos y trata de pasar de largo, pero...

— Perdone, ¿adónde se dirige?

— A comprar al Supercor.

— ¿Y dónde vive?

— Allí. Señala en la misma dirección de la tienda.

— Entonces, ¿por qué viene por aquí, ha dado una vuelta?

— Necesitaba pasear, no podía más en casa con mis padres.

Los agentes le toman los datos. Va indocumentado. Pero llaman a sus padres y una patrulla comprueba su dirección. Tras media hora retenido, Rodrigo puede irse, con un buen susto en el cuerpo por salir a pasear.

Más de 15.000 agentes volverán a salir hoy a las calles. “Sacar al 100% de la fuerza cuando se cumplen las normas no tiene sentido”, dicen en la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). “¿Qué haremos cuando comience la desescalada del confinamiento y estemos más diezmados?”.

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