ONG alertan de las condiciones con las que se pretende incorporar jóvenes migrantes al campo

Un grupo de decenas de entidades dedicadas a la protección de niños y jóvenes migrantes ha enviado una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para transmitir las dudas que plantea el real decreto por el que se flexibiliza la contratación de extranjeros para trabajar en el campo. Entre los colectivos a los que está destinado el decreto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, se encuentran los jóvenes migrantes entre 18 y 21 años que tienen autorización de residencia pero no de trabajo, pero el texto deja en abierto en qué condiciones podrán ser contratados y en qué situación quedarán una vez que la norma deje de estar en vigor el próximo 30 de junio.

Las ONG, entre las que se encuentran Fundación Raíces, Save the Children, Unicef, la Comisión Española de Ayuda al refugiado (Cear) y la Plataforma de Infancia, celebran que se haya incluido en el real decreto a este colectivo, altamente representado por jóvenes que llegaron a España como menores de edad no acompañados, pero señalan su “especial vulnerabilidad”. “Entendemos, siguiendo el real decreto ley, que una vez finalicen las contrataciones temporales de estos jóvenes, todos ellos volverán a su situación de residencia no lucrativa previa y, por tanto, a su situación inicial de dependencia y exclusión social" exponen en su escrito.

La carta recoge una serie de propuestas al ministro José Luis Escrivá para garantizar la protección de los chavales. Entre ellas, se plantea que, finalizado el contrato temporal en la actividad agraria y dado que pondrán en riesgo su salud, los jóvenes sean beneficiarios automáticamente de una autorización de residencia y trabajo. Las ONG además demandan que se garantice durante su actividad laboral en el campo sus necesidades de alojamiento, higiénicas y sanitarias.

El decreto impulsado por el Ministerio de Agricultura está pensado sobre todo para incorporar a las campañas agrícolas a parados, aún cobrando prestaciones por desempleo. El texto también contempla a inmigrantes cuyos contratos venciesen durante el periodo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio y, finalmente, a jóvenes migrantes entre 18 y 21 años. En todos los casos, es imprescindible que los candidatos residan cerca del lugar de trabajo para evitar grandes desplazamientos.

El escrito de las ONG concluye con la petición de incluir a colectivos que han sido excluidos o no han llegado a contemplarse en el real decreto. Se refieren a los jóvenes extutelados entre 18 y 21 años sin permiso de residencia “porque no fueron adecuadamente documentados por la administración que los tuteló a pesar de tener derecho a ello”, así como a solicitantes de asilo que llevan menos de seis meses en España y no cuentan aún con autorización de trabajo. “Muchas de estas personas son familias con niños en situación de especial situación de vulnerabilidad económica y laboral”, recuerda el escrito.

La petición se extiende a que las medidas de flexibilización se aplique en otros sectores laborales considerados esenciales y en aquellos que presentan una mayor demanda de mano de obra.

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