La crisis del coronavirus

Pueblos blindados contra el virus y los forasteros

Bloques de hormigón, vallas y montañas de tierra cierran el paso de diversas localidades españolas para evitar la entrada de posibles visitantes contagiados

Un camión vuelca arena para cerrar uno de los accesos de Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Un camión vuelca arena para cerrar uno de los accesos de Setenil de las Bodegas (Cádiz).

Algunas poblaciones españolas han tomado medidas unilaterales para blindarse contra el coronavirus y la llegada de forasteros. Se han encastillado para vigilar la presencia de extraños, presuntos portadores del virus, y también de ocupantes de segundas residencias. Han llegado a levantar montañas de arena para cerrar hasta tres entradas a la localidad y así tener bien controlado quién accede a ella. El Gobierno, a través de sus delegaciones territoriales, ha advertido a los municipios que carecen de competencias para tomar esa clase de medidas.

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Una barrera de tierra pretende aislar del resto del mundo a Setenil de las Bodegas, un pueblecito gaditano de postal, de 2.700 habitantes, destino habitual de turistas de un día. Es la medida extrema que ha tomado el alcalde, el andalucista independiente Rafael Vargas, para controlar las entradas a su municipio, limitadas ahora a vías principales, en las que también funcionan controles de la Policía Local y arcos desinfectantes para vehículos. El consistorio justificó el pasado lunes la medida como una forma de facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad y pidió la colaboración vecinal para dar aviso “de movimientos de tráfico extraños”.

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Setenil no está solo en Cádiz, una provincia acostumbrada a recibir mucho turismo, tanto de personas que tienen segundas residencias como de visitantes de sus famosos pueblos blancos. Zahara de la Sierra, gobernada por los socialistas, lleva días presumiendo de haberse convertido en una suerte de aldea gala, libre, por ahora, del coronavirus. Su consistorio ha cerrado con vallas y cadenas buena parte de los accesos, que se han quedado reducidos a uno, según un decreto municipal. Patrullas de la Policía Local y un arco desinfectan y paran a todos los coches, que no pueden acceder sin permiso expreso.

En la serranía gaditana la pionera fue la localidad más grande y conocida por su playa de El Palmar, Vejer de la Frontera (12.700 habitantes), con alcalde del PP. Desde que izó la bandera roja el primer fin de semana del estado de alarma, no ha parado de reforzar sus medidas para evitar la presencia de visitantes. Ha cerrado accesos y dejado uno controlado por la policía y ha anunciado que reforzará el control municipal sobre las viviendas de fines turísticos. También en la costa andaluza, la alcaldesa de la granadina Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, ya cerró sin contemplaciones la playa ante la llegada de turistas hace tres semanas. Ahora, para frenar la expectativa de nuevos veraneantes, Rufino cerró —según ella, con el acuerdo de la Guardia Civil— todas las entradas y salidas excepto una, con un control del instituto armado. “Pensé que la gente no lo tomaría bien pero, al contrario, todo el mundo está de acuerdo”, asegura.

Los municipios de la Sierra Morena sevillana alertaron desde el primer momento a la Delegación del Gobierno de la llegada de vecinos de Madrid a las segundas residencias de la zona, primero masiva y después en forma de goteo, explica el alcalde de Cazalla de la Sierra y presidente de la mancomunidad, el socialista Sotero Martín. “Este último fin de semana se incrementaron las mallas en la carretera y los controles de tráfico funcionaron”, explica. “Todos nos conocemos, sabemos quién entra y quién sale, qué casas se han abierto y cuáles no. Los vecinos mismos lo comunican al Ayuntamiento. La Policía Local y la Guardia Civil también han hecho un censo de las viviendas no habitadas y las controlan, al igual que los vehículos, sabemos por las matrículas cuáles son habituales y cuáles no”, cuenta el regidor, que revela que ya se han impuesto multas a algunos recién llegados.

Los controles policiales se han multiplicado en las carreteras y salidas de las grandes ciudades para evitar la escapada. Los fechas previas a la declaración del estado de alarma, cuando en Madrid ya llevaban cinco días los colegios cerrados, municipios de la costa valenciana, alicantina, murciana, andaluza y gallega detectaron una importante afluencia de visitantes y ocupantes de segundas residencias, procedentes del que ya era el principal foco de coronavirus en España. Hubo muchas quejas y críticas. Con la cuarentena, la situación parece haberse asumido en Cullera y Gandia, dos de los destinos playeros valencianos, y no se han producido conflictos de relevancia con los visitantes, según fuentes municipales. También el flujo de visitas se ha reducido, si bien buena parte de los que viajaron, la mayoría madrileños, se quedaron en sus segundas residencias y se registraron en los centros de salud. El miércoles, ante el debate sobre la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, el PSPV-PSOE recogía en un tuit una declaración del presidente autonómico, el socialista Ximo Puig: “Esta es una comunidad solidaria y, aunque estamos centrados en las necesidades de la Comunitat, hemos asistido a más de 5.000 personas de otras comunidades autónomas como Madrid”.

Los no residentes, esta vez en su mayoría procedentes de Valencia, eran el objeto del polémico bando emitido por el Ayuntamiento de Navajas, un pueblo del interior de Castellón, que los instaba a volver a sus casas tras el decreto de confinamiento. Esta medida llevó a la Delegación del Gobierno a pasar una nota informativa a los municipios en la que les advertían de que “no podían reinterpretar” el real decreto del Gobierno.

También en el norte de España ha habido operaciones de blindaje, incluso con bloques de hormigón. El municipio cántabro de Noja (1.500 habitantes) tiene cerrados con estos bloques desde el 27 de marzo tres de las cuatro entradas, con ayuda de la Policía Local. Solo un acceso, una carretera autonómica que conecta con el centro de la comunidad, sigue abierto al tráfico. La Guardia Civil advirtió al alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz, que desistiese, pero el primer edil se excusó diciendo que “tiene el respaldo de los vecinos”, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Ruiz niega esta versión y alega que es una decisión que se aprobó a través de un bando municipal. La Delegación del Gobierno señala que este es el único caso en toda la comunidad, aunque en Suances el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido imitar a Noja.

Con información de Javier Arroyo, Juan Carlos Espinosa, Eva Saiz y Cristina Vázquez

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