Las familias de las víctimas del vertedero de Zaldibar se hartan de esperar

La desgracia comenzó el 6 de febrero pasado cuando el vertedero de Zaldibar (Bizkaia) colapsó y arrolló a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Desde entonces, todo han sido contratiempos para recuperarlos: primero se suspendió la búsqueda por la presencia de amianto, un residuo tóxico; después, la inestabilidad del terreno frustró varios días de avance. Además, los fuegos en el depósito limitaron las actuaciones, asimismo lastradas por las dificultades de la maquinaria pesada para trabajar por la inestabilidad del lugar. La proximidad de las elecciones, ahora aplazadas, también convirtió al vertedero en un arma política hasta que la crisis del coronavirus lo ocultó todo. Incluso la falta de avances en las tareas para hallar a Beltrán y Sololuze.

El mensaje de las autoridades ha sido siempre el mismo: que se afanan en encontrarlos. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sostuvo este jueves que “es prioritario” encontrar los cadáveres. Pero el principal obstáculo sigue siendo el mismo: que es difícil conseguirlo porque los geólogos insisten en que la zona es muy sensible y que debe intervenirse con máxima precaución.

La fatalidad también ha querido que el área donde sospechan que están los cuerpos, la zona B-1, tenga la amenaza de un talud en su parte superior. Los operativos se afanan por retirar este montículo y poder dirigirse hacia allí. Pero los familiares de las víctimas y los habitantes en los municipios cercanos están hartos de tanta espera sin novedades. Además, pasaron días de angustia por la presencia de sustancias tóxicas en el aire, aunque nunca con niveles insanos.

Cientos de vecinos de las localidades afectadas por el derrumbe se manifestaron el pasado jueves y pararon su actividad durante tres horas para exigir responsabilidades. El lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV) acudió al día siguiente al depósito y la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, señaló que las labores continúan “con gran intensidad”. Moreno también aseguró que se ha requerido a la empresa gestora, Verter Recycling 2002, para que se incorpore en “trabajos complementarios”, un encargo que la compañía ha aceptado. Pero el enfado también apunta a la actitud del presidente vasco.

La familia de Beltrán ha lanzado un comunicado donde critican que el lehendakari, en un encuentro mantenido el viernes, les informó de que “la Administración no tiene ninguna responsabilidad” y que la culpa recae “en Verter Recycling”. Los parientes le han pedido “respeto, humanidad, y decencia” y han censurado que, según ellos, el director de comunicación del Gobierno vasco, Julian Beloki, les pidió que tuvieran “mucho cuidado” con lo que decían en los medios. También han clamado contra la “filtración intencional” de la cita del viernes aunque habían exigido absoluta discreción. Por eso no acudieron al vertedero tras la reunión.

El 7 de marzo se cumplió un mes desde la catástrofe. La localidad de Zalla, donde residía Beltrán, acogió una marcha silenciosa. Sus familiares aseguraron que “perdió la vida por la codicia de unos y la mala praxis de otros”. También asistieron allegados de su compañero unidos por un “Seguimos sin respuestas”. “Además de con su pérdida, terrible e irreparable, tenemos que enfrentarnos cada día a la tortura de no tenerle con nosotros y no poder darle el descanso y despedida que merece”, expresó su cuñada, que ejerce de portavoz porque los familiares cercanos “no están en condiciones”.