La Fiscalía se inclina a aparcar la investigación de Ábalos en el Supremo y dejarla en un juzgado de Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo prevé presentar en los próximos días su informe sobre el llamado caso Ábalos, el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. El ministerio público está estudiando el caso, pero se inclina, según las fuentes consultadas, por no abrir de momento una investigación directa contra el ministro en el Supremo y dejar que avance la abierta por el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid a raíz de las denuncias presentadas por el Partido Laócrata, Vox y PP. Fuentes del tribunal consultadas se decantan también por esta opción aunque la decisión no está tomada y se esperará a leer el informe de la Fiscalía.

El encuentro de Ábalos con la número dos de Nicolás Maduro, que fue sancionada en su día por la UE por las políticas represivas de su Gobierno y tiene prohibida su entrada en suelo europeo, derivó en un goteo de querellas y denuncias presentadas por el Partido Laócrata (sin representación en ninguna institución) y los grupos de la oposición. El titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha asumido la investigación en la justicia ordinaria sobre la entrada en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, pero los laócratas se querellaron también directamente contra Ábalos en el Supremo, una iniciativa a la que se sumó luego Vox.

El ministerio público es en principio partidario de dejar investigar primero al juez Serrano-Arnal, que tiene sobre la mesa la petición formulada en una de las denuncias para que se cite a declarar a agentes de las fuerzas de seguridad, personal de AENA y vigilantes privados que estaban de servicio la madrugada del 20 de enero, cuando se produjo el encuentro. Si de esa investigación acaban derivándose indicios que señalen a Ábalos o a algún otro miembro del Gobierno, el juez tendría que enviar un escrito a al Supremo, ante el que están aforados el presidente y todos los ministros, y el alto tribunal volvería a estudiar si abre una causa.

Las fuentes del ministerio público consultadas muestran cautela sobre las posibles responsabilidades penales de Ábalos, pero advierten de que en el relato conocido hasta ahora hay datos que apuntan a que quien permitió la entrada de Rodríguez actuó con “arbitrariedad” al saltarse la prohibición de entrada decretada por la UE. Si se demuestra que algún miembro del Gobierno está detrás de esta decisión, el responsable podría haber incurrido en un delito de prevaricación, según estas fuentes.

Las fuentes consultadas en el Supremo se muestran también partidarias de dejar que avance la investigación en la justicia ordinaria, aunque la querella no ha sido todavía examinada en profundidad y se está a la espera del informe de la Fiscalía. De momento, la Sala de lo Penal dio ayer ocho días de plazo al Partido Laócrata para que deposite una fianza de 12.00 euros para poder personarse como acusación popular.