La Junta Electoral investiga la filtración de la inhabilitación de Junqueras al PP

La Junta Electoral Central ha abierto una investigación para esclarecer por qué el presidente del PP, Pablo Casado, pudo, el 3 de enero, anunciar la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras, antes de que la reunión del órgano hubiera terminado. La Junta ha pedido alegaciones a las partes, especialmente al PP, después de una queja del diputado de Más País, Íñigo Errejón, y estudiará las pesquisas en una reunión próxima, según ha confirmado un portavoz a EL PAÍS. El caso vuelve a poner el foco en la sombra de politización del órgano superior de la Administración Electoral en España, después de que la semana pasada se conociera que Ciudadanos tenía como vocal a un asesor de su grupo parlamentario que participó en la resolución de asuntos que afectaban al partido.

La declaración de la pérdida de condición de Junqueras como diputado del Parlamento Europeo se acordó, según la comunicación de la Junta a la que ha tenido acceso este periódico, en una sesión del órgano que terminó a las 20.00 del 3 de enero y que no se comunicó a las partes hasta a partir de las 20.37. Sin embargo, veinte minutos antes de que hubiera finalizado la reunión, a las 19.38, el líder del PP escribió un tuit anunciando la decisión de la Junta sobre el político independentista. Así consta en una comunicación de la Junta que ha enviado a un ciudadano que pidió información al respecto en virtud de la ley de transparencia.

“Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho”, escribió Casado en su cuenta personal de Twitter, anticipando la noticia mientras la Junta Electoral seguía reunida.

Sin embargo, la Junta no comunicó la resolución al PP oficialmente, según consta en el documento del órgano —fechado el 27 de febrero y firmado por el presidente, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo— hasta las 20.37, a través de su representante general. A las 20.38 lo comunicó a Ciudadanos, a las 20.39 a Vox, a las 20.40 a Oriol Junqueras, a las 20.47 al Parlamento Europeo y a las 21.04 al departamento de prensa del Congreso de los Diputados.

El diputado de Más País Íñigo Errejón registró este miércoles una queja ante la Junta Electoral en la que advierte de que resulta “evidente” que Pablo Casado “recibió la información con bastante anticipación a la finalización de la sesión de la Junta Electoral Central, obteniendo un trato de favor que no recibieron el resto de partes en el procedimiento de denuncia”. Esa situación, señala el diputado, ha provocado “una vulneración del principio de igualdad". “Este principio no exige una simultaneidad en las comunicaciones pero, desde luego, sí una equivalencia. En el presente caso, teniendo en cuenta los plazos limitados de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), la posibilidad de adelantar en más de una hora al resto de partes aporta una clarísima ventaja”, dice su escrito. “Esto se refuerza con la dimensión mediático-política que tiene la presente decisión”, apostilla.

“La situación aquí señalada pone en duda dicha igualdad y es por ello que el descrédito que sufre la Junta Electoral Central, como institución, puede ser irreparable en caso de no ser identificada la forma en la cual el Partido Popular disfrutó de un trato de favor de este órgano”, se queja en el escrito el diputado.

La Junta Electoral sacudió el pasado enero la investidura de Pedro Sánchez con varias decisiones de trascendencia política: la autoridad electoral acordó retirar a Quim Torra la credencial como diputado autonómico por la sentencia que le condenó el pasado diciembre a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. La Junta rechazó, además, tramitar el acta de eurodiputado del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia europea que estableció que tenía inmunidad antes de ser condenado por el procés. Esta última decisión es la que conoció el líder del PP antes de tiempo.

El organismo vuelve a estar en el foco por la sombra de politización tras conocerse la semana pasada que Andrés Betancor, vocal de la Junta Electoral Central entre 2017 y 2019, percibió un sueldo de Ciudadanos mientras participaba en debates y resoluciones que afectaban al partido en el órgano, según adelantó eldiario.es. La Junta está formada por ocho magistrados de distintas salas del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos designados por los partidos con representación en el Congreso.