Nuevos datos bancarios enviados por Suiza reactivan la búsqueda del dinero del ‘caso Lezo’

Las autoridades suizas han remitido a la Audiencia Nacional más de 2.300 documentos bancarios relacionados con cuentas en el país helvético supuestamente vinculadas a uno de los imputados en el caso Lezo, Ildefonso de Miguel, ex gerente de la empresa pública Canal de Isabel II y uno de los hombres de confianza del expresidente madrileño Ignacio González. Se trata de datos de los productos financieros abiertos en el Falcon Private Bank AG, de Zurich, a nombre de las sociedades pantalla Sparklingwater Management, SA y Surtain Trading, SA, según se recoge en una providencia del juez Manuel García-Castellón a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los investigadores sospechan que ambas empresas pudieron ser utilizadas para ocultar comisiones ilegales.

Suiza responde así a la solicitud que hizo la justicia española tras el hallazgo en abril de 2017 en la sede de una empresa de De Miguel de un correo electrónico fechado en febrero de 2011 en el que el que fuera directivo del Canal entre 2003 y 2009 solicitaba a un empleado de la oficina que Credit Suisse tiene en la isla de Guernsey —un territorio británico en el Canal de la Mancha que fue considerado paraíso fiscal por la UE hasta marzo de 2019— que transfiriera “todos los fondos” al depósito que la sociedad Sparklingwater tenía en el banco de Zurich.

La carta concluía ordenando que, “una vez que se haya realizado la transferencia”, se cerrase la cuenta en Guernsey en la que, según documentos bancarios, hubo un saldo cercano al medio millón de euros. La investigación, centrada en un primer momento en Sparklingwater se ha extendido a las cuentas a nombre de otra sociedad, Surtain Trading, registrada en Panamá en diciembre de 2000 y cerrada ocho años después. En total, la documentación enviada ahora por Suiza ocupa cinco tomos. Dado su volumen, el magistrado ha pedido a la Fiscalía, las defensas y las acusaciones que analicen la misma y especifiquen qué documentos consideran imprescindibles para la causa y, así, ordenar su traducción del francés al español. En otra providencia, el juez García-Castellano ordena remitir una nueva comisión rogatoria a otro territorio británico, la Isla de Jersey, a la que ya había dirigido anteriormente otras solicitudes de colaboración.

De Miguel, que acompañaba al expresidente González en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) de 2008, fue detenido y enviado a prisión en abril de 2017 con una fianza de 100.000 euros que pagó para ser excarcelado. En el caso Lezo, el exgerente del Canal ha sido investigado por el presunto cobro de comisiones por la construcción de un campo de golf en terreno de la empresa pública y con el pago de una supuesta comisión de 1,4 millones por la adjudicación presuntamente irregular de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid).

Uno de los imputados por este último hecho, el empresario Adrián de la Joya —también investigado en el caso Villarejo— aseguró haber recibido en 2007 esa cantidad en una cuenta que tenía en un banco en Suiza y la indicación de Javier López Madrid (alto directivo de OHL, también imputado) de transferir el dinero a De Miguel para que, supuestamente, este se lo hiciera llegar al líder madrileño del PP. De la Joya aseguró que, finalmente, no hizo la transferencia y se quedó con el dinero por unas deudas que, según afirmó, OHL tenía con él por unos negocios en África.