Inversión agraria a medida, cuestión de supervivencia para millones
La disrupción de los mercados agrarios y la falta de crédito rural por la covid-19, que pone en juego las condiciones de vida de millones de familias rurales, podrían ser mitigadas con una intervención inmediata de las entidades de financiación para el desarrollo
“Mis ingresos se han visto afectados por el cierre de fronteras, ya no puedo vender mi producción en el mercado”. Esta era la respuesta de un pequeño agricultor de Kenia a la pregunta de cuál había sido el mayor impacto del coronavirus en su hogar, en un estudio de 60 Decibels. Vender es tarea casi imposible, mientras que comprar fertilizantes y semillas se ha vuelto prohibitivo, puesto que los precios no dejan de subir.
Para las cerca de 2.000 millones de personas en hogares rurales en países en desarrollo, los efectos de la crisis de la covid-19 están siendo desgarradores. Para ellas hace tiempo que esta emergencia dejó de ser solo sanitaria y derrumbó sus economías familiares. Las condiciones de vida de estas poblaciones dependen en gran medida de su actividad agraria, y más ahora, cuando las oportunidades de trabajar fuera de sus tierras se han reducido. Los impactos varían según las cadenas productivas, pero el cultivo de alimentos perecederos está siendo sin duda la más afectada. Durante los últimos meses las limitaciones de transporte y movimiento han reducido el acceso a mercados, especialmente regionales y de exportación. La interrupción del comercio ha desencadenado una amenaza mayor: la falta de crédito.
Las necesidades de financiación agrícola en países en desarrollo eran ya altas antes de esta crisis (cerca de 170 mil millones de dólares) y se han acentuado más recientemente. La mayoría de la comercialización de alimentos pasa por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) rurales y la imposibilidad de llevar a cabo su actividad habitual pone en riesgo su supervivencia. Las entidades financiadoras, sobre todo las microfinancieras, las cuales trabajan más cerca de las poblaciones rurales, son las siguientes en sufrir los estragos de esta disrupción. Algunas entidades han reportado una reducción de hasta el 50% en el repago de créditos, limitando su capacidad de conceder nuevos préstamos. Esta contracción del crédito puede tener efectos duraderos: sin inversión en fertilizantes y semillas de calidad, la bajada en productividad y disminución de la renta en la siguiente temporada está virtualmente asegurada. El círculo vicioso generado por la interrupción de la actividad agraria y financiera es evidente.
La complejidad de esta emergencia aumenta si le sumamos las nuevas realidades a las que hacen frente las poblaciones rurales. Con dificultades para acceder a alimentos, se estima que a final de año habrá el doble de personas con inseguridad alimentaria severa que en 2019. Por otro lado, la mayoría de la población infantil no acudirá a la escuela, perdiendo oportunidades de aprendizaje pero, en muchos casos también, de su plato diario de comida nutritiva. A nivel sanitario, se ha reducido la capacidad de prevención y tratamiento de malaria, tuberculosis y el VIH, enfermedades que conjuntamente afectan a decenas de millones en el continente africano, debido a las disrupciones en un 80% de los programas en estas áreas. Previsiblemente, el colectivo femenino está sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de esta crisis: de base tienen un menor acceso a recursos productivos y oportunidades económicas, y ahora han aumentado sus responsabilidades en el hogar. Por otra parte, se prevé que este año las remesas en los países de renta media y baja caigan casi un 20% mermando una fuente de ingresos importante para muchas familias.
Nos encontramos frente a una bomba de relojería, sobre todo en países cuyo producto interior bruto depende más de la agricultura, y regiones netamente exportadoras como África del Este y del Oeste. Una intervención rápida y efectiva en los flujos de capital puede, sin embargo, asegurar la resiliencia del sistema alimentario global y, en especial, de los más vulnerables, los pequeños productores.
Una intervención rápida y efectiva en los flujos de capital puede asegurar la resiliencia del sistema alimentario global y de los más vulnerables, los pequeños productores
Los inversores, gobiernos, donantes y bancos de desarrollo tienen la posibilidad de minimizar los efectos en cascada de esta crisis y evitar que los avances sociales de los últimos años desaparezcan de un plumazo. Esto se puede conseguir abordando las necesidades específicas de financiación de PYMEs, bancos y microfinancieras, y productores individuales originadas por la interrupción de los mercados agrarios. Si estas respuestas se implementan correctamente pueden ser aprovechadas para fortalecer los sistemas productivos y promover la resiliencia de las comunidades campesinas.
Es el momento de adaptar los mandatos de los instrumentos y fondos de inversión para poder reorientar la financiación, aumentar el volumen de capital dirigido al sector agrícola y agregar mecanismos de financiación a medida para esta coyuntura. Además, inversiones en infraestructura (almacenamiento, sistemas de frío, digitalización, por ejemplo) continuarán dando frutos a futuro. No solo estamos frente a un momento crucial en el que están en juego las condiciones de vida de los más vulnerables, sino que tenemos en nuestras manos la oportunidad de construir un sistema alimentario global más inclusivo, resiliente y sostenible. Las instituciones financieras para el desarrollo y entidades de capital de impacto deben estar a la altura.
Sommers Kline y Ana Raviña Eirín forman parte del equipo de ISF Advisors, un grupo dedicado a la investigación sobre el acceso a financiación de poblaciones rurales, así como a la creación de estructuras de inversión que promuevan la inclusión financiera de empresas rurales y pequeños productores en países en vías desarrollo. Se puede encontrar más información sobre impactos de la crisis de la COVID-19 en empresas y poblaciones rurales aquí.
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