La democracia no puede convertirse en víctima silenciosa de la pandemia
Al proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, debemos asegurarnos también de que las medidas salvaguardan la integridad de las elecciones y la legitimidad del sistema democrático
Mientras los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por contener la pandemia de covid-19 y hacen todo lo que pueden para proteger la salud pública, en muchos lugares la democracia corre peligro. Las medidas de emergencia barren derechos que ha costado mucho conseguir; las elecciones se posponen indefinidamente o se celebran en condiciones problemáticas; y las libertades esenciales se erosionan.
Desde principios de marzo, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha observado que más de 50 países y territorios han pospuesto sus comicios a causa de la crisis. Pese a la legitimidad obvia de la medida en plena pandemia, algunos países han recurrido a legislación sanitaria de emergencia para retrasarlos, en lugar de utilizar los canales políticos adecuados establecidos en su Constitución y por las normas internacionales, y sin aceptar un proceso de consenso para fijar otra fecha.
Durante el mismo período, 19 países y territorios han procedido con sus citas electorales en circunstancias difíciles, lo que en algunos casos podría socavar, si no la legalidad, sí la integridad democrática. Efectivamente, unas elecciones con pocos funcionarios, recintos cerrados, muy baja participación y sin apenas observación independiente pueden plantear un riesgo tan grande como las que se retrasan de forma indefinida.
Los países que tienen que acudir a las urnas en los próximos meses se enfrentan a un desafío extraordinario. Por un lado, deben tomar medidas drásticas para prevenir la propagación del virus y, a la par, permitir una participación política significativa de los ciudadanos en los procesos electorales. Esta situación complica las campañas, el registro de votantes, los debates cara a cara y la reunión de personas el día de los comicios.
Algunos países han recurrido a legislación sanitaria de emergencia para retrasar sus elecciones, en lugar de utilizar los canales políticos establecidos en su Constitución
Los ciudadanos y dirigentes de estos países encaran numerosas preguntas difíciles: ¿pueden las elecciones —y los procesos que las preceden—seguir celebrándose sin arriesgar vidas? ¿Serán suficientes las medidas de precaución adicionales en los recintos o son necesarios cambios más radicales, y a veces controvertidos, en el modo de votar? Estas cuestiones complejas afectan a nuestros derechos fundamentales, a la integridad de la democracia y a la legitimidad de nuestros gobiernos. Las respuestas dependerán del contexto jurídico, político y de salud pública de cada Estado y muy posiblemente lleven aparejadas concesiones difíciles.
No obstante, las normas y obligaciones internacionales funcionan como una brújula esencial. Por este motivo, abogamos por que los procesos de votación de nuevos gobernantes durante la pandemia de covid-19 reflejen y respeten los siguientes principios fundamentales:
- Asentarse firmemente en la ley. La adopción de medidas de emergencia, incluidos los cambios en las fechas, debe ajustarse a las disposiciones constitucionales y a la legislación. Cuando el marco jurídico nacional no contemple una situación de este tipo, se deben adoptar oficialmente los cambios necesarios, de conformidad con las obligaciones internacionales.
- Apoyo político amplio. Incluso cuando la ley no deje lugar a dudas, es crucial adoptar un enfoque consultivo que promueva el acuerdo en todo el entorno político. Sin esto, las medidas podrían percibirse como una maniobra de quienes ostentan el poder dirigida a obtener ventaja política, lo que puede deteriorar la confianza pública, esencial para afrontar la crisis sanitaria.
- Comunicación clara y transparente con el público. Los ciudadanos necesitan entender qué medidas se están considerando, quién las considera, y por qué motivo. Los medios de comunicación y la sociedad civil tienen una función decisiva a la hora de prevenir la erosión de los principios democráticos mediante el seguimiento de las políticas, la promoción y facilitación del debate, y la aclaración de cuestiones cruciales.
- Proporcionalidad. Cualquier medida adoptada —desde los ajustes en los recintos a los cambios más profundos en el modo de registrar votantes, emitir el voto o contar los votos—debe ser razonable y proporcional al riesgo planteado por el coronavirus.
- Basarse en la mejor información técnica disponible. La adopción de medidas adecuadas y proporcionadas requiere, además de certidumbre jurídica y aceptación política, conocimientos expertos en la materia. Es preciso consultar con los expertos pertinentes lo antes posible, también en materia electoral.
- Sujeción a plazos concretos. Se debe definir claramente el horizonte de cualquier medida de emergencia. Esto resulta especialmente relevante en los casos de aplazamiento de fechas, cuyo final no debe quedar indeterminado. Cuando no sea posible fijar una cita nueva, debe haber claridad y acuerdo respecto al modo de determinar cuándo se han superado los riesgos.
- Atención a los grupos particularmente afectados. A fin de garantizar unas elecciones libres, justas y seguras, es necesario prestar atención especial a algunos ciudadanos en este momento como, entre otros, las personas hospitalizadas o aisladas debido al virus; los trabajadores sanitarios; el personal militar y encargado de la aplicación de la ley que asiste durante la crisis; y los grupos tradicionalmente marginados, como las mujeres, las personas con discapacidad, los ancianos, los refugiados y migrantes, los grupos minoritarios, y otras personas que podrían verse privadas de sus derechos.
La pandemia afectará prácticamente a todos los países del mundo. Por tanto, es fundamental que afrontemos juntos este desafío común. Al proteger la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos, debemos asegurarnos también que las medidas de protección salvaguardan la integridad de las elecciones y la legitimidad del sistema democrático. Instamos a todos los dirigentes y gobiernos a que apliquen las decisiones de forma que reflejen estos principios y respeten los derechos fundamentales. Esto nos permitirá salir de la crisis fortalecidos y proteger nuestra preciada libertad democrática, además de la salud nacional.
Más información Fundación Kofi Annan
(*) Firman esta carta los siguientes autores:
Albright, Madeleine K. exsecretaria de Estado de EE UU. Annan, Nane; miembro de la Junta de la Fundación Kofi Annan. Banbury, Anthony; presidente y director ejecutivo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Carter, Jason J. presidente del Consejo Gestor del Centro Carter. Chinchilla, Laura: vicepresidenta del Club de Madrid y ex presidenta de Costa Rica. Clark, Joe; ex Primer Ministro del Canadá. Doss, Alan; presidente de la Fundación Kofi Annan. Dreifuss, Ruth; expresidenta de la Confederación Suiza y Consejera Federal. Gasperd, Patrick; presidente de la Open Society Foundation (OSF). Heyzer, Noeleen; exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); Ibrahim, Mo; fundador de la Fundación Mo Ibrahim. Ilves, Toomas Hendrik; expresidente de Estonia. Jonathan, Goodluck; expresidente de Nigeria y presidente de la Fundación Goodluck Jonathan. Koenders, Bert; ex Primer Ministro de los Países Bajos. Leterme, Yves; exsecretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y ex Primer Ministro de Bélgica. Leuthard, Doris; expresidenta de la Confederación Suiza; ex miembro del Consejo federal Suizo. Machel, Graça; ministra de Educación y Cultura de Mozambique; ex Primera Dama de Mozambique y Sudáfrica. Malcorra, Susana; ex Primera Ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina y directora Ejecutiva Adjunta del Programa Mundial de Alimentos. Mitchell, Derek; embajador y presidente del Instituto Nacional Demócrata (NDI). Moller, Michael; exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas y 12º director general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Peters, Mary Ann; embajadora retirada y directora ejecutiva del Centro Carter. Salamé, Ghassan; ex enviado especial de la ONU para Libia. Stedman, Stephen; secretario general de la Comisión Kofi Annan sobre Elecciones y Democracia en la Era Digital. Sy, Elhadj As, presidente de la Junta de la Fundación Kofi Annan y exsecretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Wieczorek-Zeul, Heidemarie; exministra de Cooperación y Desarrollo Económicos de Alemania. Will.i.am, músico y empresario. Yudhoyono, Susilo Bambang; sexto presidente de la República de Indonesia. Zedillo, Ernesto; expresidente de México.
La Fundación Kofi Annan es una organización independiente sin ánimo de lucro que dedica su labor a la promoción de una mejor gobernanza mundial y el fortalecimiento de las capacidades individuales y nacionales a fin de lograr un mundo más justo y pacífico. Fue fundada en 2007 por Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas.
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