Asilo en España

La agencia de estadística europea, Eurostat, ha situado a España entre los países de la Unión que menos solicitudes de asilo han reconocido en 2019, apenas un 5% de las analizadas. La cifra es similar a la de socios que, como Hungría, mantienen una política contraria a recibir extranjeros con independencia de su situación, y coincide con el hecho de que el número de solicitudes de asilo en España se duplicó durante 2019 con respecto al año anterior, alcanzando una cifra próxima a 120.000 y confirmando una tendencia crecientemente acelerada desde 2015. Este aumento sustancial de las solicitudes ha provocado el colapso de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, que acumula 133.000 expedientes sin resolver, una cuarta parte de los que se encuentran en esta situación en el conjunto de la Unión Europea. Además, los centros de acogida se han visto desbordados, por lo que se ha multiplicado el número de familias en espera de respuesta obligadas a vivir en la calle.

La dramática dimensión que han llegado a adquirir las dificultades para gestionar las solicitudes de asilo y refugio en España contrasta con el limitado interés parlamentario que ha suscitado la cuestión. Por lo general, parece como que los grupos de oposición dejaran hacer al Gobierno de turno, confiando el control a la sociedad civil, cuando lo que les corresponde es asumir que se trata de un inequívoco asunto de Estado. El asilo y el refugio son derechos específicos que precisan de un tratamiento igualmente específico, que no puede verse afectado por la amplitud que el fenómeno de la inmigración ha adquirido durante las últimas décadas. Las cifras proporcionadas por Eurostat, así como por las asociaciones y organizaciones que hacen un seguimiento del asilo y el refugio en España, demuestran que la desproporción entre las solicitudes y los recursos ha llegado a ser, simplemente, insostenible.

La falta de compromiso entre las fuerzas políticas para abordar la cuestión desde el acuerdo, y, por tanto, para adoptar medidas que requieren inversión y atención preferente, está empujando a que los sucesivos ministerios de Interior hayan buscado soluciones parciales y de urgencia, unas más benévolas que otras. En estos momentos, soluciones de esta naturaleza están sirviendo para paliar la situación de los solicitantes procedentes de Venezuela, para los que se ha habilitado un permiso de carácter humanitario. En otros casos, como el de sirios, palestinos y yemeníes, a quienes se solicita un visado de tránsito desde fechas recientes, están suponiendo una traba muchas veces insalvable para el ejercicio del derecho. La regulación que rige el espacio Schengen contempla el visado de tránsito, pero sólo Francia, República Checa y España han decidido exigirlo para algunas de estas nacionalidades.

El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha un plan de choque para resolver los expedientes atrasados, aumentando los recursos técnicos y humanos en la Oficina de Asilo. Gracias a ello, las cifras no han sido aún más alarmantes. La realidad, sin embargo, es que, en ausencia de un amplio acuerdo parlamentario sobre asilo y refugio, persisten y seguramente persistirán los problemas de fondo en la gestión de un derecho que no es solo esencial de las personas, sino que traza la frontera entre el humanismo y la barbarie.