Desprecio al inmigrante

El primer objetivo que el Gobierno de Boris Johnson se ha apresurado a definir para la futura relación del Reino Unido con la UE ha sido el trato que pretende dar a los inmigrantes europeos, basado en reglas de raíz iliberal y casi despreciativas. Johnson quiere que el Brexit le permita gozar de una relación privilegiada con Europa, pero solo en cuanto a las mercancías y el mercado se refiere, dejando de lado a las personas.

El sistema de puntos que Londres quiere implantar para estos trabajadores busca estratificarlos por castas, y si se hubiera aplicado antes, hubiera significado prescindir del 70% de los actuales residentes europeos. Los candidatos a entrar en el Reino Unido deberán exhibir una oferta de empleo, ganar unos 30.000 euros anuales y dominar el inglés, amén de pagar 500 euros anuales para ser atendidos en el sistema sanitario público —como si fuera privado—, sin derecho a prestaciones sociales hasta cumplir un lustro de residencia.

En el fondo, el sistema que el primer ministro británico quiere implantar se retrotrae a la etapa de la democracia censitaria, cuando solo gozaban de derechos de voto los inscritos en el censo de propietarios. Hoy se trataría de una lista de titulados respaldados por ahorros.

La presunta justificación económica de estas discriminaciones es falsa. No es cierto que solo la inmigración ajustada a las previsibles necesidades de profesionales de la economía nacional resulte beneficiosa para esa sociedad. Estudios científicos, sobre todo británicos y alemanes, acreditan que es el conjunto de la emigración, y no solo su porción más cualificada, la que arroja un saldo positivo para el país de acogida. Y también que no es posible analizar el saldo de la inmigración solo desde un aspecto meramente laboral, puesto que implica otros muchos factores: comercial, estratégico o financiero.

Limitar el acceso del factor trabajo al mercado propio mientras se reclama espacio infinito para el movimiento de capitales y servicios implica una relación asimétrica y coloca a las personas en una posición humillante. Desde una óptica general, la muy sensible —cultural, humana y laboralmente— cuestión migratoria debe tratarse con trazo fino, sin excluir, por supuesto, incentivos a quienes cubran necesidades urgentes, pero considerándolos como elementos complementarios. En un espacio de mercado único y movimiento libre de capitales, la prioridad debe ser la libre circulación —al máximo posible— de las personas. El liberalismo democrático y social parte del principio de que el mercado sirve a las personas. Y no al revés.