Va para largo

El decreto que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, pretende dar una primera respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos manifestadas en las protestas públicas. La lectura del decreto arroja dos conclusiones relevantes para entender el desarrollo futuro del conflicto. La primera es que el Gobierno cree que la cuestión de la fijación de los precios pagados a los agricultores es el problema principal y debe ser orientado con rapidez. La segunda es que, como era de esperar, la crisis del campo no se va a resolver en un corto periodo de tiempo; la percepción de los agricultores de que “es un paso adelante, pero resulta insuficiente” resume la idea de que esto va para largo.

La sustancia del decreto radica en la recomendación de que las relaciones entre agricultores y ganaderos y las cadenas de intermediación tienen que regularse mediante un contrato en el que aparezcan los costes de producción del suministrador (agricultor o ganadero). La pretensión lógica es que el precio de compra recoja tales costes y se evite de esta forma la compra a pérdidas, una consecuencia ruinosa para quienes viven de sus cosechas o de sus ganados. La duda razonable radica en si basta indicar, recomendar o instar para que en la negociación agricultores-industria se cumpla el objetivo buscado. Probablemente, no. Pero el caso es que el Gobierno no puede intervenir directamente para imponer condiciones de negociación; sí lo puede hacer indirectamente, estimulando o castigando con los instrumentos económicos disponibles aquellas conductas que vulneren el principio de reconocer los costes de producción. Sería bueno que lo tuviera en cuenta.

Por eso es importante que exista un observatorio de precios que actúe como señal de cuáles son los precios coherentes con los costes del mercado. El observatorio puede operar como un sistema de alarma informativa, como un instrumento de corrección y también como un indicador útil para detectar los precios que finalmente van a pagar los consumidores. Porque si las subidas de precios pagados a los agricultores se trasladan sin más mediación a los compradores finales de los productos, estaremos ante un fracaso de la competencia en los mercados.

Parece lógico que los agricultores y ganaderos perciban esta primera decisión como insuficiente. Los problemas de la producción y de los mercados agrarios solo pueden atajarse mediante acciones persistentes en varios frentes. Si se consigue instaurar la negociación en condiciones equilibradas entre agricultores y cadenas de distribución, el mero ejercicio negociador mejorará la situación de los productores. También hay que afrontar, con calma y estudios previos, la forma de reforzar la solidez empresarial y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La fórmula sugerida sería la de estimular la formación de cooperativas. Además, parece que ha llegado el momento de revisar la fiscalidad para el sector agrario, porque la actual no incentiva adecuadamente la fusión y concentración de producciones. Lo que queda por hacer es mucho; lo importante es que todos los protagonistas, Gobierno, agricultores y grupos de distribución, entiendan que la negociación no ha terminado con el decreto.