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Columna
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Los nuevos impuestos serán globales, o no serán

El Gobierno se está metiendo de lleno en lo que Dani Rodrik definió como un particular trilema, un dilema de tres opciones sin solución ideal posible

Jorge Galindo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.Eduardo Parra (Europa Press)

El Gobierno de Sánchez ha puesto sobre la mesa dos impuestos con nombre propio: la tasa Google a empresas tecnológicas y la tasa Tobin para transacciones financieras. Los tientos, titubeos e incertidumbres que rodean a estas propuestas no son casuales: obedecen a que, inevitablemente, el Ejecutivo se está metiendo de lleno en lo que el economista Dani Rodrik definió como un particular trilema, un dilema de tres opciones sin solución ideal posible.

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Una interpretación amplia del trilema nos diría que no se puede tener a la vez globalización, soberanía nacional y democracia. Tenemos que escoger dos de los tres vértices del triángulo: en un mundo de soberanía nacional y globalización sufre la democracia, porque el juego económico mundial se vuelve un acuerdo entre élites que desoyen al común. Si escogemos soberanía democrática, con barreras demasiado altas a la integración, será la integración económica la que nos pase de largo en forma de fuga de capital, trabajo, innovación y consumo.

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Quizás, pues, sea la última combinación posible la que más nos acercaría a un progreso mundial parejo: la globalización democrática que poco a poco desmonta a los Estados, sustituyendo sus políticas por otras de orden planetario.

En ese sentido, un impuesto eficaz con el sector financiero y con las (viejas) nuevas empresas tecnológicas funcionaría mejor si es acordado por todos los países. Dado que tanto los datos como el dinero y el capital (también el humano) son cada vez más fluidos, si nos vamos al modelo de democracia soberana imponiendo tasas de manera unilateral, corremos el riesgo de incumplir con el objetivo fundamental de los impuestos: que quienes los deben pagar, lo hagan; y que quienes deben beneficiarse de las transferencias de renta derivadas también puedan hacerlo. Así, en un escenario ultrasoberano, solo podríamos atrevernos con tímidas incisiones fiscales, apenas significativas para los que aportan o para los que aspiran a recibir.

Es por ello que el Gobierno haría bien en suprimir cualquier tentación soberanista y supeditar el éxito de sus reformas a un acuerdo con el resto de países del entorno europeo: para eso (también) sirve la UE. Las prisas solo se explicarían porque le resulte a Sánchez más urgente anotarse puntos simbólicos ante los votantes que producir el verdadero objetivo de esta política: que de verdad paguen aquellos que deben pagar. @jorgegalindo

Sobre la firma

Jorge Galindo
Es analista colaborador en EL PAÍS, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra con un doble master en Políticas Públicas por la Central European University y la Erasmus University de Rotterdam. Es coautor de los libros ‘El muro invisible’ (2017) y ‘La urna rota’ (2014), y forma parte de EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy).

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