Límites sobrepasados

La irrupción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pasado domingo en el Parlamento acompañado de policías y militares armados con el fin de forzar la celebración de una sesión legislativa constituye un acto absolutamente inaceptable en cualquier democracia. La condena internacional del hecho y la pronta reacción de la Corte Constitucional, que ha ordenado al mandatario no volver a utilizar a los uniformados en favor de sus fines políticos —orden que Bukele ha acatado por escrito en un comunicado—, han frenado una gravísima crisis institucional.

Bukele accedió en junio de 2019 a la presidencia de El Salvador con un discurso rompedor respecto a los partidos políticos tradicionales que se han turnado en el poder desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 tras una sangrienta guerra civil. El presidente, un heterodoxo conocido por el éxito de su gestión como alcalde de la capital salvadoreña, sus denuncias contra la corrupción y su lucha contra la violencia en las calles del país, ha acusado a la Asamblea de bloquear sistemáticamente su gestión. La chispa que ha desatado la crisis ha sido un préstamo de 109 millones de dólares procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica que es clave para financiar la estrategia de seguridad pública —uno de los mayores éxitos de Bukele, que desde su llegada al poder ha reducido casi a la mitad los homicidios violentos— que el Legislativo se resistía a tramitar. El domingo Bukele, acompañado de hombres armados e implorando el derecho divino, ordenó el inicio de la sesión y llamó a una insurrección popular. El mandatario invocó un artículo de la Constitución para adoptar esta medida. Sobre este punto existe una controversia política de interpretación, pero lo que resulta del todo indefendible desde el punto de vista democrático es la utilización del Ejército y el llamamiento a la insurrección. Y, desde luego, la invocación de una fuente de derecho medieval no recogida en el ordenamiento jurídico salvadoreño.

Podría ser cierto que, en lo que respecta al crédito en disputa, la oposición salvadoreña ha estirado la legalidad hasta límites frustrantes y, sobre todo, dañinos para la ciudadanía, que es la beneficiaria final de la lucha contra la violencia. Pero esto no da ningún derecho a Bukele a saltarse esa misma legalidad y colocar al país al borde de una peligrosa situación potencialmente dañina para la democracia. Dentro de un año, El Salvador celebrará elecciones legislativas en las que las encuestas le dan el 70% de los diputados. Hasta entonces, el presidente legítimo tendrá que lidiar con una Asamblea en contra, pero también legítima. Y ambos deberán cumplir el mandato popular de respetar escrupulosamente la Constitución.