La Cooperación Española se la juega a vida o muerte

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La Cooperación Española desde el terreno

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A lo largo de la pasada década la Cooperación Española perdió siete de cada diez euros de su presupuesto. Ocho, si hablamos de la ayuda humanitaria. España ha desaparecido de medio mapa del mundo y nuestro esfuerzo de solidaridad internacional se codea hoy con el de aislacionistas como Hungría. Sería difícil encontrar una política pública que haya sido más castigada económicamente a lo largo de la crisis.

Pues bien, este colapso financiero es un resfriado cuando lo comparamos con la neumonía política que ha sufrido la cooperación pública durante el mismo período. Ministros de Asuntos Exteriores, líderes parlamentarios y popes de partido optaron durante años por aplicar luz de gas a la herramienta pública que mejor nos permite enfrentar un buen puñado de los desafíos existenciales de nuestro tiempo: la justicia de género, el cambio climático, la desigualdad, la fiscalidad justa, los conflictos y, desde luego, la pobreza.

En otras palabras, todo lo que representa la Agenda 2030, porque no hay ODS sin cooperación al desarrollo.

Para ser claros, el Partido Popular tiene la responsabilidad principal de una situación en la que profesionales y altos cargos capaces, experimentados y comprometidos han topado de manera recurrente con el desinterés de sus superiores. Pero un año y medio de gobierno socialista nos ha dejado más alegrías retóricas que prácticas (el compromiso con el Fondo Mundial es una de estas últimas). La desmoralización se asienta entre profesionales y organizaciones que trabajamos en este campo. Quienes no pueden escaparse, como los profesionales de la AECID, siguen achicando el barco en un día a día inundado de burocracia, sin una expectativa de cambios ni de dotaciones presupuestarias que justifiquen las estructuras en las que operan. Mientras tanto, las organizaciones sociales que se lo pueden permitir han comenzado a alejarse para trabajar con actores internacionales que sí entienden la relevancia de esta política.

Así que no es exagerado decir que en esta legislatura nos la jugamos a vida o muerte. Y que mucho depende del modo en que responda el Consejo de Ministros.

La primera medida, no la última, debe ser el incremento de recursos. Durante esta década se ha mantenido el mantra de que primero hacía falta una reforma institucional –que jamás llegaba– y solo después seguir con el presupuesto. Es al revés. Cuando se trata de un caso de inanición, lo primero es permitir que el paciente camine y después decidir hacia dónde. La reforma política e institucional puede acompañarnos hacia el horizonte del 0,5% de la RNB al final de la legislatura. Es perfectamente posible realizar este primer esfuerzo sin arriesgar la calidad del gasto, a través de compromisos voluntarios en agencias y fondos internacionales o en ONG con capacidad probada de absorción financiera.

En segundo lugar, y si este tóxico clima parlamentario lo permite, sería pertinente abordar una nueva Ley de Cooperación Internacional. Pero, incluso aunque esto fuese imposible, necesitamos la reforma profunda de las principales instituciones del sistema ­–empezando por la Aecid– y la consideración de una nueva institución de cooperación económico-financiera.

Finalmente, la estructura orgánica de la cooperación debe tener la focalización y el ascendiente político para coordinarse eficazmente con otras oficinas del gobierno, como las vicepresidencias Económica y para la Transición Ecológica, o el equipo responsable de la Agenda 2030. Eso implica una secretaría de Estado dedicada en exclusiva a ello. Pero implica también un perfil idóneo para liderarla. La persona que se haga cargo de esta política compleja y sensible debería estar apuntalada por su credibilidad dentro del Gobierno, por una probada experiencia en cooperación al desarrollo y por el reconocimiento del sector que pretende liderar. Haberse fajado ya en la defensa de la cooperación y sus recursos debería ser una condición necesaria para ocupar el cargo.

No partimos de cero. La cooperación al desarrollo ya ha dado a España voz y presencia internacionales. Ha mostrado el mejor rostro de nuestro país en su pasión, inteligencia y solidaridad. Cuenta con el respaldo masivo de la población y con una base inmejorable de profesionales, organizaciones, universidades y empresas que llevamos décadas dejándonos la piel por esto.

La pregunta es si también cuenta con el respaldo del nuevo Gobierno.