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Columna
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‘Déjà vu’ a la colombiana

Desde que Iván Duque asumió el poder la seguridad no ha hecho otra cosa que deteriorarse

Ariel Ávila
El presidente de Colombia, Iván Duque.
El presidente de Colombia, Iván Duque.JAVIER ANDRES ROJAS (REUTERS)

Los primeros 20 días del año 2020 han regresado a Colombia al pasado. No tanto en cifras o indicadores de violencia, pero si en sevicia y criminalidad. El resumen es espantoso: en lo que va del año ha sido asesinado un líder social cada día, al sumar los últimos cuatro años son alrededor de 600 homicidios de liderazgos sociales. Nadie sabe quien dispara, quien da la orden, el Estado se encuentra literalmente paralizado y lo único que se atreve a asegurar es que hacen lo que pueden. A esto se le suma una sucesión de hechos, que traen el peor recuerdo de la guerra sucia que vivió el país en la década de los ochenta del siglo XX. La revista Semana ha liderado una serie de investigaciones sobre fenómenos de corrupción, violación de derechos humanos y comportamientos ilegales de altos mandos militares. La respuesta han sido amenazas a los periodistas, intentos de atentados, seguimientos, interceptaciones ilegales y, hace algunas horas, se supo que militares activos y en retiro contrataron sicarios para asesinar un periodista. Como en las viejas épocas en las que ser de izquierda era llevar una cruz a la espalda.

Adicional a esto, hace unos días se produjeron dos decapitaciones ocurridas en el municipio de Caucasia, ubicado en el departamento de Antioquia. También, en las festividades navideñas de 2019 se supo de una decapitación en Zaragoza y antes, en Tarazá, un campesino fue cortado vivo con una motosierra y luego lanzado a un río. Esta imagen de degradación de la violencia se vive en varias regiones del país, no son situaciones aisladas. En cada uno de estos hechos, se dejaban letreros alusivos a organizaciones criminales. Vale aclarar que las decapitaciones no fueron algo común en las diferentes olas de violencia que ha vivido el país, es más bien una práctica muy común en el crimen mexicano. Por el contrario, el uso de las motosierras era bastante común en las estructuras paramilitares. Un comandante de las AUC en el Putumayo tenía ese alías, decenas de personas fueron asesinadas con motosierras. Durante varios años, por ejemplo, en Barrancabermeja, capital del Magdalena Medio, uno de los negocios más rentables era vender motosierras y el otro más rentable era la venta de ataúdes.

El capítulo de los comportamientos ilegales de sectores de las Fuerzas Militares merece un análisis aparte, pues el hecho de contratar sicarios para asesinar periodistas, enviar sufragios a periodistas y familiares de estos y, sobre todo, hacer seguimientos de forma visible para intimidar medios de comunicación es algo que no se veía hacía muchos años. Surgen dos preguntas. La primera la hizo un periodista, quien manifestó que no denunciaban pues eran las autoridades las que los perseguían, o, en otras palabras, se iba a llevar una denuncia a los responsables de las intimidaciones. ¿Quién nos defiende? Otra de las inquietudes se refiere a los niveles de control social y político de los aparatos de seguridad. Pareciera que la palabra justicia nunca les llega.

Lo complicado de toda esta situación es que el Gobierno parece paralizado, no hay sanciones, las medidas de seguridad no dan resultado y el Ejecutivo solo hace ruedas de prensa o declaraciones ante medios de comunicación para anunciar medidas que a la postre terminan teniendo un bajo nivel de efectividad. La principal bandera, con la que ganó las elecciones Iván Duque, era la de la seguridad. Pero desde que asumieron el poder esta no ha hecho otra cosa que deteriorarse. A esto se le suma una crisis política, principalmente en el Congreso de la República, una situación económica cada vez más difícil, una crisis de imagen, la cual se traduce en que casi ningún peso pesado de la política ha aceptado un ministerio al actual Gobierno, y sobre todo un presidente que parece incapaz de tomar decisiones. Un arranque de año que nos regresa al pasado.

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