Hacia la igualdad
España avanza en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad
Empieza el año y España da un paso más en la consolidación del denominado pilar social. Desde el 1 de enero se han ampliado los permisos de paternidad hasta las 12 semanas, frente a las ocho vigentes hasta el 31 de diciembre. La equiparación total entre hombres y mujeres se alcanzará en 2021, cuando cada uno de los progenitores podrá disfrutar de 16 semanas, que serán remuneradas al 100% e intransferibles, de manera que si el padre no consume totalmente el tiempo que marca la ley, no podrá cedérselo a la madre.
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Avanzar en el terreno de la igualdad ha sido uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez, que en marzo de 2019 aprobó un decreto para colocar los permisos de paternidad y maternidad al mismo nivel, una medida que situaba a España en el bloque de cabeza de la Unión Europea. Con esta normativa se pretende garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y poner coto a las desigualdades por razón de sexo. Sienta además las bases para la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral al abogar por el principio de corresponsabilidad. La igualdad efectiva implica también un esfuerzo económico. Equiparar derechos, como en este caso, tiene un coste. En 2019, el impacto presupuestario oscilará entre los 250 y los 300 millones, que subirán hasta los 1.100 el próximo año, cuando la dispensa se amplíe a 16 semanas.
El embarazo, la maternidad y los cuidados familiares han derivado a menudo en una intolerable discriminación, directa o indirecta, de la mujer en el ámbito laboral. El hecho de que los permisos por el nacimiento de un hijo tengan la misma duración para los dos progenitores contribuirá a eliminar las diferencias de trato entre trabajadores y trabajadoras. La realidad es que las mujeres han visto a menudo obstaculizada su promoción laboral o penalizada su carrera profesional por el simple hecho de ser madre. No hay que obviar que, en muchas ocasiones, los permisos obligatorios han desincentivado la contratación de mujeres.
Los tiempos en los que se hacía recaer sobre ellas el cuidado de los hijos han sido superados. Hasta hace poco, la normativa española limitaba a 13 días el permiso de paternidad e incluso el Tribunal Constitucional, en una sentencia dictada recientemente, no consideraba discriminatorio que el periodo de descanso de la madre fuera superior al del padre bajo el argumento de la necesidad de proteger la salud de las mujeres tras el embarazo y el parto. Pero los poderes públicos están obligados a garantizar todos los preceptos constitucionales, y el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es uno de ellos.
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