Teresa Rivero, el desahucio de su casa y otras tragedias de la familia Ruiz Mateos

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La gran expropiación

Cuando el 7 de septiembre de 2015 se conoció la muerte de José María Ruiz-Mateos a los 84 años, los que tenían edad suficiente para recordarlo se trasladaron mentalmente al 23 de febrero de 1983. Aquel día el primer Gobierno de Felipe González aprobó un decreto ley para proceder a la expropiación del grupo Rumasa por razones de utilidad pública e interés social, un tramado empresarial compuesto por 18 bancos y cerca de 400 empresas.

A los que manejaban información económica no les pilló por sorpresa porque días antes, el que era entonces ministro de Hacienda, Miguel Boyer, anunció que enviaría a los inspectores de la autoridad monetaria si el grupo no terminaba la auditoría que acabó precipitando la acción ante la ocultación y alteración de información que mantuvo el grupo empresarial con una alta concentración de riesgo de las entidades que financiaban al resto de las empresas.

Ruiz-Mateos mutó de poderoso y visionario empresario en bufón y azote del Gobierno socialista, y en especial de su ministro de Hacienda, a quien hizo responsable de la expropiación. Cuando murió había creado con sus seis hijos varones –tiene otras siete hijas junto a Teresa Rivero– Nueva Rumasa y volvía a estar acusado en los tribunales de estafa, insolvencia punible y fraude a Hacienda en causas en las que también estaban implicados varios de sus hijos. Su estado de salud le libró de la cárcel pero no ocurrió lo mismo con sus seis hijos varones (Zolio, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) que terminaron siendo condenados en octubre de 2018 a dos años y medio de prisión por delito de estafa agravada, inhabilitación para el ejercicio de actividades mercantiles y administración de sociedades y una multa de 24.000 euros a cada uno de ellos. 

Un año antes la familia había sumado a la numerosa prole familiar una nueva hermana legal: Adela Montes de Oca que después de años luchando para demostrar que era hija del empresario consiguió que un juzgado ordenara la exhumación del cadáver de Ruiz-Mateos para realizar pruebas de ADN que corroboraron que era su hija. Después del reconocimiento legal la joven, que en la actualidad tiene 28 años y vive en Estados Unidos, no parece tener muchas intenciones de volver por España, al menos por ahora. La millonaria herencia que podía esperar se convirtió en una pesadilla, porque según la legislación española se heredan bienes y deudas y, si el supuesto dinero que se sigue creyendo que tiene oculto la familia no aparece, hay un buen número de acreedores que le reclaman el mismo dinero que a sus hermanos españoles con quienes no tiene ninguna relación. 

Nadie cree que la fortuna de los Ruiz-Mateos se haya evaporado y la Justicia continúa la búsqueda en Suiza o algún otro paraíso fiscal, pero de momento la familia pasa por una aparentemente delicada situación. Perdieron el chalé familiar de Somosaguas, les embargaron El Buzo, la casa unifamiliar que el matrimonio tenía en el Puerto de Santa María (Cádiz), y ahora la esposa del empresario, Teresa Rivero, que tiene 84 años, vuelve a ser noticia porque también puede ser desahuciada de su chalé de la calle Rigel, en Aravaca, localidad de las afueras de Madrid. La semana pasada contestó a unos periodistas por el telefonillo de la vivienda: "Estoy en la ruina y mis seis hijos en la cárcel, pero son muy buenos niños". Buenos y, a su juicio, inocentes porque tanto la madre como los seis hijos varones siempre han mantenido que José María Ruiz-Mateos era el único responsable en las actividades fraudulentas de las empresas.

Sin embargo, una de las siete hijas del matrimonio no piensa lo mismo. Begoña lleva enfrentada al resto de sus hermanos desde el fallecimiento de su padre, y el motivo es, en parte, la herencia de la familia. Ella considera que sus hermanos varones son los responsables de las irregularidades empresariales, que su padre lo desconocía en los últimos tiempos, y que ellos saben dónde está el dinero que todos buscan y no encuentran. Pero los bandos familiares ya fueron visibles antes de la muerte del empresario y fue Begoña la que siempre defendió a su padre frente al resto y quien afirmó que le habían dejado solo los últimos años de su vida, cuando desahuciados de la vivienda familiar, el matrimonio se trasladó al chalé de Aravaca que ahora está en peligro y cada uno vivía en una de sus plantas.

Allí reside ahora sola Teresa Rivero junto a una empleada doméstica. Perdió a su hija mayor, Socorro a causa de una leucemia. Otra de sus hijas, Rocío, ha asegurado que su madre no tiene nada, ni siquiera una pensión. Y Teresa confía porque siempre ha sido muy creyente y cada día sigue cogiendo su coche o se dirige andando a su iglesia a rezar y a esperar lo que le depare el futuro. Tiene 57 nietos y seis hijas que se han librado de verse implicadas en los líos judiciales que han acabado con una de las familias más poderosas de España en los años ochenta. Si existen los miles de millones que se dicen ocultan, no se sabe dónde están y los problemas que afrontan todos los miembros de esta numerosa prole hacen dudar de ello.

El futuro determinará quién tenía razón de los dos bandos de hermanos, pero casi con seguridad su matriarca deberá abandonar su casa por mucho que continúe afirmando que no sabe nada del fraude de seis millones del que la acusó la Audiencia Nacional durante su etapa como presidenta del Rayo Vallecano. Según ella solo iba al palco y a los viajes con el equipo, y eran su marido y los ejecutivos del club los encargados de las cuentas. Teresa Rivero fue acusada en 2018 por la Audiencia Nacional de fraude a Hacienda por valor de seis millones de euros durante su etapa de presidenta del Rayo Vallecano. Alegó que eran su marido y los ejecutivos del club quienes llevaban esas cuentas. José María Ruiz-Mateos se llevó la verdad a la tumba y sus hijos no parecen dispuestos tampoco a solucionar a poner luz y taquígrafos en este enredo que se los está llevando a todos por delante.