Los hijos de Ruiz-Mateos culpan a su padre de los presuntos fraudes

“Mi padre nunca ha preguntado si querías ser administrador de una empresa, eran órdenes que iban a misa. Te decía que fueras mañana a las 12 al notario para firmar, y punto”. Esta declaración pronunciada este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid por Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, el menor de los vástagos del empresario gaditano, resume la línea de defensa que los hijos de José María Ruiz-Mateos mantienen desde hace años en las decenas de causas judiciales abiertas contra las empresas de la familia.

A este argumento se aferran ahora de nuevo Álvaro y cuatro de sus hermanos (Pablo, Alfonso, Zoilo y Francisco Javier) que, desde este miércoles, se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial. El fiscal les acusa de un delito de insolvencia punible por, supuestamente, vaciar de patrimonio una empresa familiar, Finamerco, para eludir el pago de más de tres millones de euros en la compra de Bodegas Garvey. La Fiscalía pide seis años de prisión para cada uno de los hermanos y para los otros seis acusados: un sobrino del empresario y cinco extrabajadores o amigos de la familia que figuraban como administradores en las empresas implicadas en el supuesto fraude.

La primera jornada del juicio coincidió con el día en el que se cumplían 18 años de la compra de Bodegas Garvey por parte de Finamerco a la empresa Grasspesherry. Las defensas de todos los acusados señalaron al padre —que hoy tiene 84 años, demencia senil y un delicado estado de salud— como el único promotor de todas las decisiones que se tomaban en las empresas de la familia. “No solo no tenías poder de decisión sino que, muchas veces, debido a esa personalidad tan arrolladora que tenía mi padre, no tenías ni opinión. Es difícil explicar el carisma de mi padre, pero es así”, aseguró Alfonso Ruiz-Mateos. “Nuestra confianza en él era absoluta”, añadió.

Según la escritura de compraventa firmada el 1 de octubre de 1996, Finamerco compró Bodegas Garvey por 650 millones de pesetas (3,9 millones de euros), pero en el acto de la escritura sólo se pagaron 50 millones de pesetas (300.000 euros). El resto, 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), se dejó a deber. El fiscal, en su escrito de calificación, considera que los 11 acusados, “de común acuerdo y guiados por el ánimo de enriquecerse ilícitamente”, concatenaron operaciones mercantiles entre el 30 de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2000 con el objetivo de conseguir la declaración de quiebra de Finamerco, que ya fue declarada fraudulenta por un juzgado de Madrid. Según el fiscal, los acusados, que eran oficialmente administradores de una o varias de las empresas implicadas, fueron vendiendo y comprando participaciones de Finamerco a otras sociedades de la familia para vaciar de patrimonio a la propietaria de las bodegas y eludir así el pago de los 3,6 millones de euros que debía a Grasspesherry.

En la primera sesión declararon los cinco hijos acusados y Zoilo Pazos Jiménez, sobrino del empresario y que también figuraba como administrador de varias empresas familiares. Como sus primos, aseguró que no sabía lo que firmaba y que actuó por “confianza total” a su tío.