La gran expropiación

El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas. La intervención del grupo presidido por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos se hizo "con objeto de garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados", según la declaración oficial del portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos.

La decisión estaba cantada. Unos días antes, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, encendió la mecha al anunciar por sorpresa, en una rueda de prensa sobre coyuntura, que enviaría a los inspectores del Banco de España a Rumasa si la entidad no terminaba la auditoría. "Alguien quiere provocar una catástrofe sin precedentes en la historia económica de España", contestó Ruiz-Mateos. Y no fue una catástrofe. Fue el primer gran escándalo financiero de la democracia, además del segundo 23-F más famoso de la historia de España tras el intento de golpe de Estado de dos años antes y del que ahora están a punto de cumplirse 30 años.

Rumasa contaba con 18 bancos y más de 400 empresas

Ruiz-Mateos había desatendido las advertencias del Banco de España

En la madrugada del día siguiente, un inspector de policía acompañado por dos miembros de la Policía Nacional materializaron la intervención pública de la sede central de Rumasa, en el paseo Recoletos de Madrid (hoy Barclays), donde anotaban los nombres de todos los que accedían al edificio. Mientras, en su casa de Somosaguas, el empresario seguía los acontecimientos y preparaba su fuga al extranjero. Logró sortear a la justicia y tras varios días en Londres, se instaló en Fráncfort hasta su extradición. El patrimonio que consiguió resguardar le sirvió, pasados los años, para crear la Nueva Rumasa por la que ahora vuelve a estar en grave riesgo.

Por la mañana de aquel día, Boyer y los ministros de Industria y Agricultura, Carlos Solchaga y Carlos Romero, explicaron con detalle la expropiación: Rumasa se había convertido en un enorme conglomerado empresarial en el que existía una doble contabilidad (caja B). El agujero patrimonial era de más de 111.000 millones de pesetas, arrastraba una deuda tributaria y fiscal de unos 20.000 millones y sus bancos tenían una peligrosa concentración de riesgos. Asimismo, arrojaba unas pérdidas de 9.000 millones frente a los 5.000 que decía de beneficios.

El denominado holding de la abeja estaba en el punto de mira desde hacía tiempo, aunque fue un mes antes de la expropiación cuando el Fondo de Garantía de Depósitos exigió la realización de auditorías a los bancos del grupo en un plazo de cuatro meses. Luego, los acontecimientos se precipitaron por la negativa del grupo a realizar esos chequeos. Desde 1978 el Banco de España había requerido a Rumasa por la "peligrosa concentración de riesgos de los bancos del grupo en sus propias empresas y el exceso de inversión por encima de lo ortodoxo". También se le recomendó que desinvirtiera.

Pero Ruiz-Mateos se negó en redondo. Siguió creciendo y engordando. Entre los bancos destacaba el Atlántico como buque insignia, y controlaba empresas emblemáticas que fue adquiriendo como Galerías Preciados, Almacenes Sears, Hispano Alemana de Construcciones, la cadena hotelera Hotasa, varias bodegas en Jerez y La Rioja, Loewe..., con más de 60.000 personas.

Pese a que la decisión recibió el apoyo desde las filas empresariales (con los banqueros Emilio Botín López, padre del actual presidente del Santander, y Luis Valls, presidente del Popular y, como Ruiz-Mateos, miembro del Opus Dei), el asunto tuvo contestación desde la derecha, que presentó recurso ante el Tribunal Constitucional, que dictaría sentencia desestimándolo.

El fallo del alto Tribunal fue un gran triunfo político del Gobierno de González y abrió el camino a la inmediata privatización de las entidades intervenidas sin hipotecas jurídicas. No obstante, ese proceso se encontró con obstáculos que han coleado hasta ahora. Mientras, el empresario jerezano, que había comenzado en 1961 exportando vinos con un capital de 300.000 pesetas, apenas pisó la cárcel e intentó un segundo imperio a fuerza de talonario y mucha propaganda; pero con pocas credenciales.