La imposibilidad del diálogo

Colombia se encuentra, al igual que otros países de la región, en una situación de protesta social inédita, con un Gobierno débil e incapaz de solucionar las crisis. La última encuesta del Panel de Opinión, la cual entrevistó a 5.100 líderes del país, muestra que el primer año de Iván Duque es peor calificado que el peor año de los ocho de mandato de Juan Manuel Santos. En nada le va bien, ni siquiera en los temas de seguridad que fueron su gran bandera.

El Gobierno de Iván Duque tiene tres grupos de presión que hacen que prácticamente no se pueda mover y no pueda negociar nada profundo con los manifestantes. Por un lado, el gran empresariado que financió su campaña política y al cual prometió una reducción de impuestos le ha dado todo su respaldo. De hecho, en 2018, con apenas algunos días de posesionarse, el Gobierno presentó la famosa ley de financiamiento, que en lo fundamental reducía impuestos a los ricos y aumentaba los impuestos a pobres y clase media. En el Congreso de la República le aprobaron lo primero, pero no lo segundo. Así las cosas, en lugar de reducir el hueco fiscal la reforma lo aumentaba, lo cual obligaba al Gobierno a que en un plazo no mayor a dos años tuviera que presentar una nueva reforma.

La Corte Constitucional tumbó la ley por vicios de trámite y hace unos cuantos días, aun con la gente en la calle, el Gobierno presentó la misma reforma. Lo cual demuestra no solo la ceguera del actual mandatario, sino los niveles de dependencia con el gran empresariado. Además de esto, el presidente esta preso del grupo más radical de su partido, el Centro Democrático. El actual presidente fue elegido con el apoyo de la derecha y la extrema derecha, estos últimos le están exigiendo una política confrontativa y un paquete de reformas imposible para la actual sociedad. Igualmente, varios de los mandos medios de este partido están en una guerra sin cuartel por la nominación presidencial para el 2022, lo cual ha inmovilizado al ejecutivo. Rafael Nieto, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, y desde la orilla conservadora la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, están en una guerra civil.

Por último, el presidente se encuentra presionado por los partidos políticos tradicionales, los cuales han reclamado mayor burocracia para apoyar las iniciativas del Ejecutivo. En fin, el Gobierno no tiene la capacidad de negociar nada y su llamado al diálogo nacional solo está buscando ganar tiempo. La idea de ellos es que las festividades navideñas apagarán las protestas y con unos aumentos de subsidios aspiran a que el 2020 no sea un año pasado por marchas.

Por el lado de los manifestantes hay una realidad bastante compleja. Por una parte, hubo unos convocantes al Paro Nacional, en su mayoría sindicatos y organizaciones estudiantiles, pero por lo menos el 70% de los centenares de miles de personas que salieron a las calles no lo hicieron por dicha convocatoria, no conocen a este comité promotor del paro y, sobre todo, es población no organizada. El Comité del Paro no ha hecho nada por ampliar la representación y difícilmente pueda liderar alguna discusión.

Pero tal vez el factor de fondo no es las reclamaciones específicas de los manifestantes; lo que los une es su rechazo al Gobierno de Iván Duque y sobre todo al uribismo. Aun en el hipotético caso de que se logre una negociación, la gente no se irá de las calles, pues su reclamo se resume en “que se vaya Duque”. Por todo ello, es un diálogo casi imposible.

La conclusión central es que a esta situación de bloqueo le ha aparecido un árbitro, algo así como un juez. Será el legislativo o el Congreso de la República el que tendrá la última palabra. Por allí pasarán todas las iniciativas del Ejecutivo, al igual que las de la oposición. Estos últimos son los que mejor representarían el sentir de los manifestantes. Cualquier decisión que tomen, en todo caso, tendrá repercusiones en las elecciones de 2022.