Quien a hierro mata

La destitución exige tres ingredientes: pruebas de traición, corrupción u otros crímenes y faltas graves; los votos del Congreso —la mitad más uno— y del Senado —67—, que conforman la mayoría cualificada de dos tercios; y el más decisivo, la actitud favorable de la opinión pública. Sin pruebas no se decantará la opinión pública, y sin esta, tampoco habrá votos suficientes en las dos Cámaras del Congreso. Los congresistas dependen de sus votantes, de forma que se hace difícil votar la destitución si con ella se vota también la próxima derrota electoral en la circunscripción del congresista.

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Hasta septiembre no existía una mayoría favorable al impeachment en las encuestas, que actualmente apuntan a un 49% a favor y un 45% en contra. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, esperó a tener la opinión pública a favor para iniciar el procedimiento. La destitución presidencial no es popular, tal como demuestra su restringida historia (tres antecedentes, ninguno culminado). A fin de cuentas, significa la rectificación parlamentaria de un voto democrático emitido por los ciudadanos.

Sin suficiente apoyo público, no sirven las pruebas y no alcanzan los votos. Richard Nixon dimitió antes de ser destituido porque sabía que contaba con pruebas irrefutables, votos suficientes, incluidos los republicanos, y una opinión hostil. Con Bill Clinton no hubo suficientes votos, la opinión estaba dividida e incluso el procedimiento ha sido objeto de discusión entre juristas.

Ahora se trata de convencer a la opinión, especialmente republicana poco motivada por la destitución de un presidente que satisface los bajos instintos respecto a la inmigración, los impuestos o el proteccionismo comercial. Mientras un 83% de los demócratas apoyan la destitución, solo tienen idéntica actitud un 12% de los republicanos, a los que no hacen mella las pruebas de abuso de poder ya disponibles.

La etapa inaugurada ayer, la de las audiencias televisadas, tiene a los diplomáticos como protagonistas. Trump está destruyendo el Departamento de Estado, y con él maltratando a la diplomacia. En las relaciones con Ucrania, ha llegado al extremo de organizar una diplomacia paralela, al mando de su abogado Rudy Giuliani.

El abuso de poder que se juzga va más allá, por tanto, del trato infame que Donald Trump pretendía obtener con sus amenazas de congelar la ayuda militar a Ucrania y su negativa a recibir al presidente ucranio si este último no accedía a echarle una mano en la campaña presidencial. En realidad, se juzga el uso de la política exterior para provecho personal del presidente. Quería una nueva interferencia extranjera para su próxima campaña electoral, esta vez probadamente inducida, y no meramente consentida, como quedó acreditado en la investigación de Robert Mueller respecto al papel de Rusia en las presidenciales. Trump ascendió en la televisión, y es también la televisión la que puede tumbarle, especialmente si las audiencias públicas consiguen doblar la resistencia de una opinión republicana todavía entregada.