A espaldas del Parlamento

Los tribunales llevan cuatro siglos, por lo menos, rechazando las aspiraciones de los reyes a disponer de un poder absoluto. (…) Aunque el acuerdo histórico de 1688-1689, que nos proporcionó la actual monarquía constitucional británica, haya dejado un amplio margen a sus prerrogativas, todas ellas están sujetas a dos principios: que no pueden ampliarse y que su utilización está sometida al control judicial. Si el Estado de derecho significa algo, ha de ser esto.

Que la suspensión del Parlamento haya desatado esta crisis se debe a que la Corona dejó de gobernar a través de los ministros (…) y son los ministros quienes gobiernan a través de la Corona. (…) Todos los ministros del Gobierno tienen la condición de miembros del Consejo Privado de la Reina y como tales pueden hablar con ella, quien por convención firma lo que le presentan para su aprobación. Y eso es lo que ocurrió con la suspensión del periodo de sesiones parlamentarias. Como este proceso se hizo sin que lo supiera ni el Parlamento ni el pueblo, la primera noticia de que se suspendían las actividades parlamentarias, decisión revocada más tarde por el Tribunal Supremo, se recibió como un hecho consumado. (…) No son formas de proceder en democracia.

Lo más espectacular es la argumentación de fondo. En esencia, dice que los efectos de la suspensión no eran los previstos constitucionalmente: se conseguía un ilícito parón parlamentario, largo e injustificado, sin importar la razón. No es fácil imaginar mayor indicio de mala praxis política y es difícil pensar en un momento más adecuado para que el primer ministro implicado sintiera que su deber era dimitir. (…)

La argumentación del Gobierno de que este era un asunto exclusivamente político y ajeno al poder judicial se convirtió en un gol en propia puerta al llegar al Supremo, que le respondió que saltarse la ley por razones políticas seguía siendo saltarse la ley. (…) A la pretensión de que se estaban cuestionando procedimientos parlamentarios, los magistrados pacientemente le respondieron que el meollo era que se rechazaban actuaciones desarrolladas no en el Parlamento, sino a sus espaldas. (…)

Número del 10 de octubre. Stephen Sedley fue juez del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales.

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