Déficit educativo

El bloqueo político en el que se ha instalado España retrasa inaplazables reformas, también en el ámbito educativo, lastrado desde el inicio de la crisis económica por una insuficiente inversión pública. Este déficit presupuestario se traduce inmediatamente en un déficit académico, dominado por el sempiterno abandono escolar y un anquilosamiento de los sistemas de Primaria y Secundaria. El deterioro de algunos de los principales indicadores educativos ha alcanzado tal punto que la Comisión Europea ha dado un serio toque de atención a España. Y lo hace precisamente en un momento en el que el Gobierno está en funciones y a las puertas de unas nuevas elecciones generales, factores que en nada ayudan a enderezar el rumbo. Solo si tras los comicios de noviembre se configurase un Ejecutivo fuerte y con una mayoría parlamentaria sólida se podrán revertir las deficiencias señaladas por Bruselas.

Entre los importantes proyectos varados, la Comisión Europea destaca de manera muy señalada las elevadas tasas de fracaso escolar. Los jóvenes de entre 18 y 24 años que han dejado los estudios una vez obtenido el título de la Escuela Secundaria Obligatoria (ESO) —que determina la enseñanza obligatoria— representan el 17,9%, mientras que la media de la UE se sitúa en el 10,6%. España ha mejorado en los últimos años si se tiene en cuenta que en 2009 el porcentaje rozaba el 31%, cuando el mercado laboral representaba un gran atractivo para los jóvenes, pero Bruselas pone de relieve la ralentización de esta progresión y el estancamiento de los avances durante la última década.

La incertidumbre política ha dejado también en dique seco la tramitación de una nueva ley educativa que aspiraba a dinamizar y modernizar los ciclos de Primaria, Secundaria y Universidad. La ministra de Educación, Isabel Celaá, llevó in extremis al Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica el pasado febrero, el mismo día en el que Pedro Sánchez se disponía a anunciar la fecha de las elecciones legislativas del 28 de abril. La parálisis parlamentaria ha dejado congeladas igualmente las reformas previstas por Pedro Duque, titular de Ciencia, Innovación y Universidades, pese a los esfuerzos realizados durante las mesas de negociación con los rectores y los sindicatos.

Entre las reformas inconclusas, Bruselas se hace eco del modelo de becas, el acceso universal a la educación infantil o la regulación de las prácticas universitarias. Y es muy crítica respecto a la inestabilidad de las plantillas de profesores. El hecho de que el 25% de los docentes sean interinos complica seriamente la construcción de equipos estables y cohesionados en las escuelas. Es sintomático que el curso que acaba de empezar cuente con 1.780 funcionarios docentes menos de los previstos por la Administración debido a los abultados suspensos registrados en la reciente convocatoria de oposiciones.

Para superar este rosario de asignaturas pendientes, gestionar las transformaciones tecnológicas y adaptarse a las necesidades del mercado laboral, España debería, en primer lugar, alcanzar acuerdos parlamentarios en materia educativa y, en segundo, incrementar la inversión pública, que sigue estando muy por debajo de la media comunitaria.