Los mejores propósitos

Alas puertas del inicio del nuevo curso, hay que insistir de nuevo en la importancia de que todas las administraciones implicadas —la central y las autonómicas, que tienen la responsabilidad directa de la gestión educativa— pongan en el primer lugar de sus prioridades la mejora de la calidad educativa. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, acaba de anunciar la inminente tramitación del decreto ley que ha de revertir la parte que queda vigente de los recortes decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ciertamente es importante establecer un número máximo de alumnos por aula; que las administraciones autonómicas puedan reducir la carga lectiva de los profesores, aumentada a causa de los recortes de plantillas, y que las bajas que se produzcan durante el curso puedan ser cubiertas de inmediato.

Estas medidas, y la revisión de la política de becas para mejorar el acceso, son necesarias y urgentes, pero a continuación hay que afrontar los problemas de fondo de un sistema que llega al nuevo curso exhausto, tanto por los constreñimientos presupuestarios como por los bandazos legislativos que ha sufrido en los últimos años. Los partidos políticos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo de Estado sobre educación y quienes han pagado los platos rotos han sido la comunidad educativa, por el sobreesfuerzo que ha tenido que hacer, y los propios educandos, que no han podido beneficiarse de todos los instrumentos que una enseñanza de calidad puede proporcionar.

Sería lamentable que la mirada corta de la lucha partidista nos desvíe de nuevo de la que debe ser la principal prioridad: rebajar las tasas de fracaso y abandono escolar y garantizar que los alumnos completen los estudios con la preparación necesaria para poderse desenvolver en un mercado laboral crecientemente competitivo y exigente. Y también con la formación cívica necesaria para poder participar en los asuntos públicos como ciudadanos libres e informados. Para afrontar la complejidad de los modelos productivos que traerá la revolución tecnológica en curso será preciso tener una sólida formación, pero también haber desarrollado la capacidad de adaptarse a cambios constantes. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos. En la sociedad del conocimiento, la educación es la piedra angular de la capacidad de progreso de un país. En los últimos años España ha perdido oportunidades de avanzar y así seguirá hasta que no se cambie de paradigma y se coloque la educación en el centro de la agenda política.