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La fracasomanía

En la campaña electoral cotizará más la estabilidad que las preferencias ideológicas

Sánchez felicita a la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 12 de febrero.
Sánchez felicita a la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 12 de febrero.

Recientemente Felipe González dijo que las sociedades no soportarán una nueva crisis. Y sin embargo, las tendencias que se van consolidando y la acumulación de datos parecen ir hacia ahí irremediablemente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analizaba hace pocos días que el mundo camina hacia el crecimiento global “más débil” desde la crisis financiera, y en lo que respecta a nuestro país el Banco de España advertía, casi al mismo tiempo, de una mayor atonía, menor creación de empleo e inversión reducida. ¿Forma parte esta fase baja del ciclo de la misma Gran Recesión que empezó en 2008, aún sin superar, o es otra cosa distinta? En cualquier caso, padecemos a nuestro alrededor lo que el gran economista Albert Hirschman denominó la “fracasomanía”, esa especie de complejo/prejuicio que en ocasiones impide aquilatar los avances obtenidos.

No es ésta la mejor situación para nuevas elecciones generales. Tampoco lo es la de no tener Gobierno o tener un Gobierno débil. Es muy probable que, ante el cúmulo de circunstancias excepcionales que nos acompañan, los electores del 10 de noviembre tengan menos en cuenta que en otras ocasiones las preferencias ideológicas de las formaciones políticas, y se esmeren por buscar las fórmulas para la estabilidad a largo plazo. Lo importante no será, como se ha aseverado durante muchos meses, la investidura del presidente, sino la legislatura completa. La última, de 126 días (la anterior, de Rajoy, fue de 111 días), se disolvió sin culminar ni una sola de las 52 leyes propuestas por los grupos parlamentarios.

Las recientes estimaciones del Banco de España han hecho trizas el cuadro macroeconómico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que éste preveía ir a los comicios con cierta comodidad. No sólo es que todo va a la baja, sino que esta tendencia se acelera con rapidez. El banco emisor recorta el crecimiento, el consumo, el empleo y la inversión, y revisa al alza el objetivo de déficit público. En estas condiciones, el margen del que dispondrá quien gobierne para hacer las políticas necesarias para recuperar lo perdido durante la Gran Recesión y recortar las desigualdades son muy pequeñas, por ser optimista. Y el marco para hacer las principales reformas pendientes, esas que llevan atoradas casi ocho años (fiscal, energética, laboral, educativa o financiación autonómica), es muy desfavorable. Por otra parte, España tiene que cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas pese a que en junio pasado, después de una década y cuatro prórrogas, salió del procedimiento de déficit excesivo y los hombres de negro ya no se pasean por las calles madrileñas. No está en vigilancia intensiva, pero sí bajo observación y con unos ajustes pendientes que entonces se valoraron ya en 7.600 millones de euros.

No podremos recibir mucha ayuda desde el exterior. El último informe de perspectivas de la OCDE describe casi sin matices que el lento crecimiento “se está consolidando de modo preocupante”, el comercio se contrae y las perspectivas globales son cada vez más frágiles e inciertas. ¿Una fase de desglobalización? Aunque España resiste mejor que otros países, el economista jefe de la organización destacó la incertidumbre política: en vista de lo extendida que está, cualquier cosa que la eleve no será una buena noticia. También manifestó su inquietud porque esta etapa de “estancamiento secular” no se trate de algo pasajero y se convierta en algo estructural. A ello hay que añadir los efectos del Brexit, la guerra comercial, el precio del petróleo y los últimos e inquietantes movimientos del mercado interbancario de EE UU que hace unos días llevaron los tipos de interés al 10% (se ha aducido que fue un problema técnico, no de liquidez). En este contexto no tendría perdón que los partidos políticos no presentasen a los ciudadanos sus verdaderos programas económicos sobre qué hacer, cómo y cuándo. Sería bochornoso que, en estas condiciones excepcionales, prosiguiesen con los tópicos banales de subir o bajar impuestos, contradiciéndose inmediatamente después de llegar al poder central, autonómico o municipal. La democracia española es suficientemente madura para no soportar esos engaños.

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