No es un crimen de honor, es un asesinato

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“No me mandéis mensajes diciéndome que sea fuerte. Soy fuerte. Que Dios sea el juez de los que me oprimieron y me lastimaron”. Con esta publicación en sus redes sociales, acompañada de una foto desde el hospital, Israa Ghraeeb, de 21 años, palestina, mandaba un claro mensaje. Apenas unos días más tarde, murió “en extrañas circunstancias” en casa. Aunque su fallecimiento se produjo el 22 de agosto, ha sido ahora cuando, impulsada por las redes sociales, ha saltado la noticia a los medios ya la opinión pública, y se han convocado concentraciones para denunciar lo que sería un nuevo “crimen de honor”, el número 19 en lo que va de año según las organizaciones de mujeres palestinas.

La violencia contra las mujeres en los Territorios Ocupados Palestinos no es una prioridad para un Gobierno disfuncional en el que el Parlamento está congelado y sin actividad, y bajo una ocupación que deteriora las condiciones de vida y erosiona los derechos humanos. Pero, a veces, un caso como este puede ser la gota que colme el vaso, y haga que por fin sean atendidas las peticiones de una reforma del marco legal para proteger a las mujeres de la violencia de género.

Las mujeres y hombres que participaron en las protestas en muchas ciudades de Cisjordania, como Belén, Ramallah o Jerusalén, no solo pedían justicia para Israa, sino que lo hacían desde el convencimiento de que un caso como este tiene implicaciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y en la perpetuidad de la impunidad que rodea estos casos. Que el caso de Israa no caiga en el olvido es una de las demandas de las protestas: que se haga pública la investigación, que se dé seguimiento, que se condene a los perpetradores. En definitiva, que no caiga en saco roto como pasa constantemente y se apliquen de verdad las penas.

A pesar de la reforma del artículo 99 del Código Penal, vigente en Palestina desde 1960 y que otorgaba a los jueces “la capacidad de reducir drásticamente las sentencias" cuando están presentes "circunstancias atenuantes",  la legislación actual aún mantiene lagunas y es discriminatoria e incompatible con acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos como la CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres) que Palestina ratificó en 2014. Desafortunadamente, las costumbres y tradiciones siguen desempeñando un papel clave en la perpetuación de la violencia contra las mujeres bajo justificaciones como el "honor familiar”. Hasta ahora, no ha existido una clara voluntad política sobre la reforma de leyes que tratan específicamente sobre la violencia contra las mujeres, pero esperamos que el nuevo Gobierno que entró en abril de este año sí la tenga: sacar adelante lo que sería el equivalente a la ley española contra la violencia de género es uno de los retos. Las organizaciones de mujeres y la nueva ministra palestina de Asuntos de la Mujer han demostrado que darán la batalla por ello. Veremos el resultado.

Cuando el caso de Israa salió a la luz, tanto el fiscal del distrito de Belén como el fiscal general del Estado, Akram Al Khatib, insistieron en que el suceso se investigaría hasta el final. A finales de la semana pasada, el Al Khatib anunciaba en una conferencia de prensa lo que da idea de la dimensión social de este suceso: la detención de tres familiares de Israa. Pero lo cierto es que hasta que las redes sociales no se hicieron eco y #WeAreAllIsraa se convirtió en tendencia, no se había llevado a cabo ninguna actuación para esclarecer los hechos.

Según un informe de Naciones Unidas, en el mundo se registran anualmente unos 50.000 muertes de mujeres asesinadas a manos de familiares. En Palestina, en 2016, 23 palestinas murieron en circunstancias sospechosas; en 2017 hubo 29 casos, y en 2018 hubo 20 muertes de mujeres en las que se sospecha que los familiares podrían estar involucrados. De los 18 decesos que confirman las organizaciones este año, excluyendo a Israa Ghrayeb, algunos se encuentran en juicio, pero la mayoría serán archivados. Sin embargo, de vez en cuando hay juicios como el de Suha Al-Deek, en el que solo sentenciaron a cinco años de prisión a su marido tras asesinarla “por honor”. Luego la familia de Suha pidió revisar los hechos y gracias a la presión social y de las organizaciones de mujeres, finalmente en abril de 2017 aumentaron la pena a 10 años por asesinato.

La legislación actual palestina es discriminatoria e incompatible con acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos

La violencia contra las mujeres no se reduce a los crímenes de honor, sino que tiene múltiples versiones: el matrimonio infantil, el acoso sexual, la violencia física y verbal, la restricción de libertades, la desigualdad legal y un largo etcétera. Hay que añadir una ocupación que refuerza los conceptos de la cultura patriarcal y que hace de la vida diaria de miles de mujeres palestinas un obstinado ejercicio de supervivencia que, como organizaciones, debemos combatir. Israa Ghraeeb y el resto de las mujeres se lo merecen.

Eva Anadón es jefa de misión en Palestina de la ONG Alianza por la Solidaridad. Soraida Hussein es directora de Woman Technical Affairs Comitee.

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