Más apoyo a la red concertada

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de crear una dirección general específica para abordar los asuntos relacionados con la escuela concertada es una declaración de intenciones sobre cuáles son sus prioridades en materia educativa. Estableciendo como criterio fundamental la libertad de los padres para elegir el centro que consideren más adecuado para sus hijos, la cuestión de fondo es si la escuela pública y la privada concertada operan en igualdad de condiciones, tienen los mismos controles y se rigen por normas equivalentes. La fuente de financiación es idéntica en ambos casos, pero no así las exigencias a las que se ven sometidas. Segregar al alumnado por sexo, por ejemplo, no es la mejor tarjeta de visita si lo que verdaderamente se persigue es un modelo inclusivo e igualitario.

Fruto de la transferencia de competencias, las comunidades autónomas definen su política educativa sin más restricciones ni compromisos que los establecidos en la ley orgánica. Los modelos, por tanto, son heterogéneos. Como heredera política de Esperanza Aguirre, que ya durante su mandato como ministra de Educación apostó decididamente por impulsar los centros concertados, Díaz Ayuso ha redoblado su apuesta. Plantea la extensión de la escuela privada sufragada con fondos públicos al bachillerato, una etapa que excede la fase de enseñanza obligatoria, e incluso podría ampliarse al tramo infantil, de cero a tres años.

Se abriría así un amplio campo de operaciones para la escuela concertada, que absorbe más de 1.200 millones de euros de los presupuestos regionales, a costa de la empobrecida red pública. La crisis económica ha contribuido a deteriorar la calidad de la enseñanza en este sector, afectando gravemente a los segmentos demográficos más desfavorecidos, una situación que lejos de mitigarse corre el riesgo de cronificarse. Tras el nuevo rumbo diseñado por el Gobierno de coalición de Madrid se vislumbra un guiño a Vox, sin cuyos votos la alianza PP-Ciudadanos tiene muy pocas probabilidades de sacar adelante sus iniciativas parlamentarias.

Es comprensible que un plan de estas características haya generado alarma en la comunidad educativa, que teme la legitimación de la desigualdad de oportunidades en una fase clave de la formación académica. Con gran habilidad, la escuela concertada ha sabido eludir las dificultades derivadas de la nueva realidad social, especialmente el aumento de alumnos procedentes de familias desintegradas o inmigrantes. Consolidar esta situación contribuirá a deteriorar los principios básicos de la educación en un Estado de derecho: equidad y no discriminación. La escuela que se financia a cargo de los ciudadanos, sea pública o privada concertada, debe acoger a todo tipo de alumnos, ya obtengan buenos o malos rendimientos, dispongan de más o menos recursos económicos, sean españoles o inmigrantes o precisen de especial atención en las aulas. Lo contrario se presta a la arbitrariedad y, en el peor de los casos, a la formación de guetos.