Inseguridad en Barcelona

Barcelona experimenta desde hace meses un incremento de la inseguridad que amenaza con romper su modelo de convivencia. Los robos violentos han aumentado un 30% en lo que va de año y se acumulan un centenar de incidentes con arma blanca, lo que dispara la sensación de falta de seguridad, impresión agravada sin duda por la concentración de los sucesos en barrios del centro de la ciudad, a menudo los más frecuentados por el turismo.

Durante este verano el aumento de robos con intimidación ha coincidido con preocupantes episodios de violencia, incluidos ocho homicidios solo entre julio y agosto, una cifra que, pese a no ser inusual en una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, resulta lo bastante alta como para no permitir ninguna relajación por parte de las autoridades. El alarmismo no ayudará a resolver los problemas de seguridad. Tampoco cualquier tentación de utilizar la situación en clave partidista. Pero igualmente peligroso sería intentar ocultar la realidad y sus datos.

Hace ya demasiados años que Barcelona sufre un déficit de agentes de los Mossos d’Esquadra. Tradicionalmente, la Generalitat ha preferido reforzar su presencia en otras zonas de Cataluña, más afines políticamente al Govern, lo que ha dejado Barcelona desprovista de policía suficiente para hacer frente a los nuevos desafíos de la seguridad ciudadana. A ello se han añadido seis años sin nuevas promociones de la policía autonómica por la crisis económica. Y en la Guardia Urbana, la gestión política deficiente por parte del equipo de Ada Colau ha laminado el cuerpo.

Barcelona no puede permitirse por más tiempo aparecer como una ciudad insegura. Ni por los 30 millones de turistas que visitan cada año la capital catalana ni, desde luego, por sus vecinos. La seguridad debe ser el primer derecho de cualquier ciudadano y es bien sabido que su vulneración termina repercutiendo especialmente sobre los menos favorecidos.

La reincidencia es otro grave problema: solo el 10% de los detenidos por robo han acabado en prisión preventiva, lo que en muchos casos agudiza la sensación de impunidad. También hay que encontrar una solución para los menores inmigrantes no acompañados, que en algunos casos están detrás de los robos —según datos de los Mossos, un 12% de estos menores han sido detenidos en alguna ocasión—. Es vital que las Administraciones, a través de los servicios sociales, extremen su colaboración para resolver una situación de la que esos menores son también, en alguna medida, víctimas. Resulta asimismo urgente atender a los jóvenes que, llegados a la mayoría de edad, pierden toda protección legal sin tener resuelta su integración en la sociedad.

Mantener la seguridad es la primera responsabilidad de las Administraciones. Todos los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle con tranquilidad. No garantizarla repercute no solo en la calidad de vida de las ciudades, sino también en la calidad de la democracia, porque no atajar esta lacra es la vía más directa para el reforzamiento de la antipolítica y la extrema derecha.