Un año del Gobierno Duque

Esta semana el presidente Iván Duque cumple su primer año de mandato. Su imagen positiva arrancó con poco más de un 50% según las encuestas. Semanas después y con una reforma tributaria andando, su imagen se desplomó vertiginosamente hasta llegar al 28% de aceptabilidad entre los colombianos. Luego, optó por la vieja estrategia de su mentor, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, de crear miedo y fantasmas. Escogió, entonces, a la guerrilla del ELN y al Gobierno de Maduro como los fantasmas ideales. Los primeros cometieron un ataque demencial en el mes de enero del presente año, y los segundos cada dos o tres semanas la emprenden verbalmente contra algún uribista, lo cual benefició al Gobierno en las encuestas. Así las cosas, llegó a repuntar hasta el 45% de aprobación a su mandato para el mes de marzo. Hace unos días, salieron nuevamente las encuestas y su imagen ha vuelto a caer fuertemente, instalándose en el 35%.

Hacer un balance sobre el primer año de gobierno Duque no resulta fácil, pues los niveles de polarización son altos en el país, las versiones sobre sus acciones abundan y lo que para algunos son fracasos para otros son grandes logros. En todo caso, a continuación, se plantearán tres balances.

1. El balance en materia de seguridad: Sobre este punto se deben decir, al menos, cuatro asuntos. En primer lugar, el Gobierno lanzó la política de Defensa y Seguridad, un documento interesante, bien construido y con un diagnóstico integral. Sin embargo, a nivel territorial no ha pasado nada, absolutamente nada. No hay táctica militar clara, no ha habido golpes al ELN, tampoco a los grupos armados organizados y en muchas regiones hay verdaderos “Estados-mafiosos”, controlados por el crimen organizado. En segundo lugar, el Gobierno manifiesta que una buena cantidad de indicadores de violencia han disminuido, aunque la mayoría de las reducciones son producto de los beneficios del Acuerdo de Paz, el acuerdo que tanto ataca el uribismo. En tercer lugar, entre 2012 y 2017 los indicadores de violencia asociados al conflicto cayeron de forma increíble, luego, en 2018, se presentaron algunos aumentos producto del copamiento criminal en los territorios donde antes estaba la exguerrilla de las FARC. En la medida en que muchas de esas disputas ya pararon, pues alguna organización criminal ganó, los indicadores de violencia caen en 2019. Así las cosas, de los poco más de 1.110 municipios que tiene el país hay problemas de seguridad en poco más de 100, en la época del conflicto se llegaba a 400 municipios.

2. El otro balance es en materia de gobernabilidad. Aquí la situación es muy preocupante. Por un lado, el presidente Duque está en una especie de chantaje de los sectores radicales de su partido, que le ha llevado a cometer una serie de errores políticos increíbles. Han bloqueado la actividad del congreso, no han logrado pasar casi ninguna de sus propuestas políticas centrales. La causa es que el partido de Gobierno ha querido aprobar leyes abiertamente inconstitucionales y de gran debate. Las famosas objeciones a la ley Estatutaria que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora la ley Andrés Felipe Arias, que busca beneficiar a una serie de aliados del Gobierno en problemas judiciales, han causado una parálisis en el legislativo. Por otro lado, sus ministros no dejan de cometer errores. Por ejemplo, el ministro de Defensa parece más un encubridor de crímenes que un ministro. En varios hechos ha salido apresuradamente a dar versiones que luego se comprueban que eran falsas. Su ministra del Interior, la encargada de asuntos políticos, apenas si controla a sus funcionarios.

3. El tercer balance se refiere a la política exterior de Duque. En esto sí que todo es un gran fracaso. La actividad de este ministerio gira en torno al tema de Venezuela. Incluso en reuniones privadas, de gran importancia y neurálgicas, el canciller se hace acompañar de miembros del gabinete de Guaidó. Es como si se estuvieran entregando los secretos del país a un montón de supuestos funcionarios que no controlan nada. Además, el Gobierno sale a hablar bien del proceso de paz, a decir que lo defiende y que respeta la justicia transicional y a nivel doméstico hace lo contrario: ataca la JEP, deja desfinanciado el acuerdo y hace todo lo posible para que las reformas derivadas de la paz no lleguen a buen término. Obviamente, la comunidad internacional es consciente de ello.