La ley del revólver

El episodio, dirán algunos, parece sacado de una cinta de Quentin Tarantino. Su escenario es el local de una cadena de hamburgueserías en el estacionamiento de un centro comercial en Zapopan (el oeste de la ciudad de Guadalajara). El personaje principal acaba de recoger su comida de un mostrador y se encuentra a la mesa, acompañado por unos parientes. Comen y charlan. Los rodean niños, adolescentes, familias: lo normal en un sitio así. Por la puerta entran, en ese momento, unos hombres. Algunos dicen que dos. Otros, que más. Como sea, cuando los recién llegados descubren al protagonista ante ellos, no dudan. Desenfundan sus armas y comienzan a disparar en pleno restaurante. Pero la cosa va a empeorar. Porque, casualmente, entre los comensales se encuentran, además del hombre que nos ocupa y decenas de clientes más, la esposa y los hijos del gobernador de Nayarit. Van acompañados por escoltas, que desde luego están armados. Y los escoltas disparan también. El resultado de la lluvia de balas es que dos presuntos criminales mueren (nuestro protagonista y uno de los agresores) y varios civiles, cuyo único pecado fue salir de casa en busca de una hamburguesa, resultan heridos. Entre ellos una mujer que recibe dos balazos, en abdomen y pierna, y es llevada a un hospital en estado delicado.

Pero volvamos al protagonista. El emboscado no es cualquier cliente. Las autoridades se apresuran a señalarlo como una pieza de gran relevancia en un grupo delictivo de escala nacional: el Cartel Jalisco Nueva Generación. Lo apodan el “53” y se llama Martín Arzola Ortega. Dicen que es jefe de sicarios del cartel y que fue, de hecho, uno de sus fundadores. Había sido apresado en una operación en Tlajomulco en 2011 y recluido en el penal del Altiplano. Tiempo después, en 2015, fue condenado a 24 años de cárcel por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Pero sus abogados apelaron y los magistrados que revisaron el proceso consideraron que solo la portación de armas había sido probada: los otros cargos fueron desestimados. Arzola Ortega quedó libre, discretamente, a finales de 2018. En un primer momento, cuando identifican su cuerpo, las autoridades no saben decir cómo es que estaba en la calle, tan campante.

Este episodio de sangre, uno más entre los miles que se producen en el país desde hace años, deja varias reflexiones sobre la mesa. La primera es que en México hay un peligro de muerte real para miles de personas que ni la deben ni la temen pero que pueden ser alcanzadas en cualquier instante y sin “provocar” su desgracia al moverse de noche o en lugares considerados peligrosos, como suelen reprochar las gobernantes (una hamburguesería de cadena en un mall y en pleno mediodía no parece precisamente un antro de perdición). La segunda es que el poder judicial mexicano no es ninguna clase de obstáculo para el crimen: las sentencias se diluyen y amparos y apelaciones tumban una y otra vez el trabajo policiaco si es que llega a hacerse. La tercera es que las autoridades locales y federales podrán alzar la voz con todos los mensajes de calma que quieran (y eso corrieron a hacer), pero la realidad va por otro lado: un par de horas después del incidente y cerca de otra hamburguesería de cadena, en el estacionamiento de otro centro comercial, a tres kilómetros de distancia, un hombre murió a balazos en un presunto intento de robo. La sangría no para. En Jalisco, en el primer semestre del año se produjeron más de 1.100 homicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No hay película de Tarantino con cifras como esas. Ni hay modo de vivir como si eso fuera normal.