Frío laboral

La evolución del empleo y del mercado de trabajo en el segundo trimestre presenta algunos signos de debilidad que, en todo caso, serán preocupantes si se confirman durante los próximos trimestres. Según la encuesta de población activa (EPA), la creación de puestos de trabajo entre enero y junio, aunque positiva, ha tenido un ritmo menor que en el primer trimestre del año; de la misma manera, también la reducción del paro ha sido inferior. Ha caído en 123.000 personas, la más escasa desde 2012, y ha dejado la tasa de desempleo en el 14,02%. Estas son las señales más llamativas del trimestre, pero no las únicas. Habría que prestar atención también al crecimiento de la población activa en 210.000 personas, un dato que podría interpretarse como una mejora de las expectativas de encontrar empleo en una ciudadanía desanimada durante los últimos años.

Pero, más allá de las mejoras coyunturales, como el descenso de los hogares con todos sus miembros en paro —ya están por debajo del millón—, atribuibles a la inercia del crecimiento económico acumulado desde 2015, la EPA refleja con fidelidad lo que ya son males endémicos de la economía española. La tasa de temporalidad (26,4%) es la más elevada de Europa, es decir, que las empresas siguen sustituyendo contratos fijos y estables por contratos temporales; la tasa de empleo de las mujeres está once puntos en tasa anual por debajo de la de los hombres; y, para colmo, la recuperación es más bien discutible. Hoy todavía hay 551.000 ocupados menos que en 2008; y las tasas de ocupación en industria y en construcción son inferiores a las registradas inmediatamente antes de la crisis.

La EPA sitúa la gestión de la política española ante una realidad incontestable: es necesario, y cada día que pasa más urgente, actuar sobre el mercado de trabajo para cerrar el déficit de ocupación, reducir la precariedad y acabar paulatinamente con la brecha entre hombres y mujeres. Son tareas que deberían haberse afrontado incluso antes de la crisis, agravadas por la recesión, a pesar de lo cual han sido sistemáticamente ignoradas por todos los Gobiernos en los últimos diez años. La ausencia prolongada de Gobierno es el peor entorno político para tomar iniciativas al respecto.

Muchas de las decisiones correctoras son casi un lugar común. Hay que modificar partes sustanciales de las leyes laborales de Rajoy, por supuesto, aunque nada de esto quedó claro en los discursos de investidura; aprobar nuevas políticas activas de empleo contra el paro juvenil y el de larga duración; vigilar intensamente que las tareas que exigen empleos fijos no sean servidas por contratación temporal, y eliminar los obstáculos para que las mujeres accedan a los empleos y puedan continuar en ellos. Y hay que buscar enfoques nuevos para entender la precariedad. Debería aceptarse con franqueza que una de las causas de los empleos basura está en la excesiva atomización de la estructura empresarial. En España están registradas casi 1.350.000 empresas, que dan trabajo a 14.300.000 asalariados; el 97,7% de ellas tiene menos de 50 trabajadores y el 85%, menos de 10. Ha llegado el momento de activar la concentración de empresas en aquellos sectores y mercados donde pueda lograrse. El minifundio empresarial no es el orden económico más adecuado para producir empleos estables.