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Éxito sanitario

La incorporación de nuevas terapias, siempre que tengan eficacia demostrada, debe ser contemplada no solo como un imperativo ético y de justicia social, sino también como una inversión productiva

Imagen tomada con un microscopio del virus de la hepatitis C.
Imagen tomada con un microscopio del virus de la hepatitis C. Getty Images

España puede ser el segundo país del mundo, después de Islandia, en erradicar dentro de cinco años una de las enfermedades más graves e insidiosas: la hepatitis C. De los diferentes virus que causan hepatitis, el C es el peor porque es silencioso y en un porcentaje elevado de casos la lesión que provoca en el hígado deriva en cirrosis o cáncer con una tasa de mortalidad elevada. Esta es una historia de éxito que hay que celebrar porque en ella se combina un progreso médico indiscutible y la existencia de un sistema sanitario público, universal y gratuito, que garantiza el acceso equitativo de toda la población a los beneficios de las nuevas terapias. El medicamento supone un antes y un después en el tratamiento de esta patología, pues permite la curación del 97% de los infectados con un periodo de tratamiento corto y sin efectos secundarios.

Con un coste relativamente moderado —2.500 millones de euros—, el Plan Nacional contra la Hepatitis que se inició en 2015 ha permitido tratar a 130.000 afectados. Al principio, el elevado coste del nuevo fármaco obligó a priorizar a los enfermos en estadios más avanzados, pero desde 2017 se administra a todos los diagnosticados. Se estima que hay unas 60.000 personas que desconocen que están infectadas porque el virus no da síntomas en las fases iniciales.

La existencia de un sistema nacional de salud permite en estos casos negociar e imponer, si las pretensiones son desorbitadas, un precio razonable para la incorporación de las nuevas terapias. La gran industria farmacéutica intenta imponer elevados precios para poder amortizar en poco tiempo los costes de la investigación, pero esta pretensión debe ser modulada, como ha ocurrido en este caso, por el interés común. La terapia salió a un precio de más de 60.000 euros por tratamiento, pero las autoridades sanitarias lograron rebajarlo a 7.000 y 10.000 euros. Lo sucedido con la hepatitis C pone de manifiesto las bondades de un modelo sanitario universal sostenido con fondos públicos: no solo garantiza justicia y equidad en el acceso a los nuevos medicamentos, sino que, cuando puede aplicar una compra estratégica, permite afrontar estas mejoras a costes razonables.

Dentro de cinco años, la hepatitis C puede estar controlada en España gracias a esta combinación virtuosa. La incorporación de nuevas terapias, con eficacia demostrada, debe ser contemplada no solo como un imperativo ético y de justicia social, sino también como una inversión productiva. Como se ha visto en este caso, permite salvar vidas y hacerlo además a un coste muy inferior al que supondrían los tratamientos del cáncer de hígado o la cirrosis antes de perderlas. Los logros obtenidos frente a la hepatitis C demuestran, una vez más, la importancia de preservar y fortalecer el sistema sanitario público.

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