Filantropía

La sanidad pública no se ha recuperado de los recortes causados por la crisis. El nivel de inversiones de los últimos años no ha permitido garantizar la adecuada reposición de la tecnología y el utillaje médico, lo que ha provocado una descapitalización del sistema que pone en riesgo la calidad asistencial. Las constantes averías en los equipos obligan a suspender pruebas y tratamientos, lo que alarga las listas de espera. El 40,5% de los equipos de alta tecnología de los hospitales públicos de Madrid tienen más diez años y en algunos centros de referencia el porcentaje se sitúa por encima del 60% cuando los estándares internacionales recomiendan que no supere el 10%. Las cifras de Madrid son extrapolables a la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que plantea la necesidad de abordar un plan urgente de actualización de los equipamientos.

Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar fondos suficientes para que el sistema público de salud pueda prestar asistencia en las mejores condiciones. La actualización de la tecnología es un elemento esencial en una medicina avanzada como la nuestra. El debate público debe centrarse en cómo hacer frente a ese desfase y cómo obtener los recursos públicos necesarios. Ni en la forma ni en el contenido han acertado los dirigentes de Podemos al plantear que la sanidad pública no puede aceptar las donaciones del empresario Amancio Ortega para renovar utillaje oncológico. Con una fortuna estimada, según Forbes, de 56.000 millones de euros, el principal accionista de Inditex creó en 2001 una fundación que ha hecho importantes donaciones, entre ellas una de 320 millones de euros para comprar, de acuerdo con las prioridades de las autoridades sanitarias, 290 aparatos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Una parte de ese utillaje ya está en servicio.

El debate sobre la suficiencia presupuestaria de la sanidad no debería deslizarse hacia planteamientos demagógicos mezclando cuestiones que deben tener un tratamiento diferenciado. Es cierto que en España existe una controversia sobre la tributación de las grandes empresas y la facilidad con la que muchas de ellas pueden eludir el pago de impuestos en nuestro país. Sin vulnerar la ley, las grandes corporaciones pueden utilizar su estructura multinacional para trasladar la gestión y tributar en lugares con un tratamiento fiscal más favorable. Esta es una cuestión que merece ser debatida en profundidad. Es preciso revisar los mecanismos del sistema tributario que permiten la elusión fiscal, algo que el Gobierno en funciones ya ha anunciado que quiere abordar.

Pero una cosa es el debate sobre la fiscalidad de las grandes empresas, y otra muy distinta cuestionar unas donaciones que, se mire por donde se mire, no solo merecen respeto sino que son dignas de elogio. Acepar donaciones no implica en ningún caso aceptar la idea de que la dotación y actualización tecnológica de la sanidad pública deba depender de la generosidad de las grandes fortunas. La filantropía no puede ni debe sustituir las obligaciones del Estado. Pero, adecuadamente regulada, puede contribuir al bienestar general y aportar a la sociedad recursos que no deben ser desdeñados. En lugar de criticarla, lo que debemos hacer es fomentarla y encauzarla. El Estado no lo puede todo. Incluso con el más progresivo y justo de los sistemas fiscales, siempre habrá espacios de mejora que pueden beneficiarse de ella.