Tormenta regulatoria

La decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de reducir la retribución de la distribución y transporte del gas y de la electricidad ha provocado una cadena de protestas y reacciones contrarias de las empresas afectadas. Naturgy, por ejemplo, ha anunciado públicamente que suspende de forma temporal su inversión en redes de distribución y transporte, aunque ha precisado que conservará las que requiere el mantenimiento de la seguridad. Sobre la CNMC ha recaído una tormenta de comentarios y reproches impropios de la templanza con que debe afrontarse el análisis económico de una regulación, que no siempre debe beneficiar a las empresas sujetas a la normativa, en este caso, a la de gas y electricidad.

Un primer paro sería bajar el diapasón de las protestas y atender a las causas que han propiciado el cambio regulatorio. Difícilmente podrá argüirse que las empresas han sido sorprendidas por la rebaja de retribuciones, porque la intervención era conocida desde meses atrás y la única incógnita era la cuantía del recorte. Para situar con propiedad los propósitos de la CNMC, conviene recordar que las compañías energéticas venían recibiendo una retribución excesiva por sus redes, desde el punto y hora que percibían ingresos también por activos ya amortizados, según ha repetido hasta la saciedad la Comisión. A esa percepción anómala pretendía inicialmente poner coto el cambio en los peajes; porque ese exceso se cargaba sobre la factura que pagan todos los consumidores.

El conflicto entre gasistas, eléctricas y CNMC tiene que situarse en un terreno de estricta racionalidad. Si las compañías afectadas consideran que el recorte ha sido excesivo, alegaciones tienen para defender su postura y pueden, si lo desean, acudir a los tribunales. Allí es donde debe resolverse el presunto entuerto. Los anuncios de catástrofes sin cuento o el rasgarse las vestiduras en la plaza pública, merman la credibilidad de las empresas encargadas de prestar servicios esenciales a la ciudadanía. La sintonía entre el regulador y las empresas es la pieza esencial de ese servicio; y nadie pondrá en duda a estas alturas la capacidad de negociación con el Gobierno de las grandes compañías energéticas.

Ahora bien, la CNMC, quizá por la ausencia de un gobierno funcionando a pleno rendimiento, ha dado a conocer una estructura de peajes que no es congruente con los propósitos de cambio energético. El coste de la transición desde la estructura actual de generación eléctrica a otra dominada por la producción renovable sólo es posible si se aplica una estrategia clara de atracción de inversiones; y desde esa perspectiva es obligado fijar retribuciones al capital superiores a las vigentes. Esa contradicción es quizá la más chocante y peligrosa a medio plazo en este cambio regulatorio.