Más transparencia

Transparencia y responsabilidad constituyen los dos pilares fundamentales en los que se asienta la actividad de todo alto cargo. Son propiedades que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios públicos y, por extensión, de la propia democracia. Por ello, no dejan de ser preocupantes los desajustes que en ocasiones se producen entre la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —organismos ambos dependientes del Ministerio de Política Territorial— cuando los ciudadanos solicitan información. Uno de los casos conocidos recientemente está relacionado con las actividades y los bienes de los altos cargos. Entre 2015 y 2018, alrededor de un centenar no presentaron su declaración en el plazo que marca la ley. Fueron apercibidos por ello, pero sus nombres son un secreto, pese a que han sido requeridos.

Estar sometido al escrutinio social no es solo una obligación; es también una muestra de la fortaleza y el prestigio de las instituciones. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se adoptan las decisiones que les afectan. Quieren saber, por ejemplo, cuál el patrimonio de los diputados, en qué se gastan sus impuestos o lo que cuestan los programas de la televisión pública. Para dar cobertura a estas demandas se aprobó en 2013 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que venía a solventar una destacada anomalía: España era el único país europeo de más de un millón de habitantes que carecía de una norma que regulara la transparencia y el acceso a la información pública.

Esta ley representó un paso fundamental para quitar el precinto al tradicional secretismo de las Administraciones y las entidades públicas. Abrió la puerta a que cualquier persona pueda acceder a información de archivos y registros oficiales sin verse en la obligación de justificar la petición. Pero las dificultades para obtener datos relevantes no han desaparecido. Los dos organismos adscritos al departamento de Política Territorial libran una singular batalla. Contra las resoluciones del Consejo de Transparencia se han planteado múltiples recursos contencioso-administrativos, en parte porque la Oficina de Conflictos e Intereses es reacia a facilitar determinados datos.

Demasiado a menudo, las discrepancias entre estos dos organismos se solventan en los tribunales, con el coste económico que ello conlleva. El resultado es un deterioro de la confianza de los ciudadanos en la Ley de Transparencia, que debería funcionar de manera más fluida y ágil. La abundante litigiosidad no hace sino torpedear el indiscutible derecho a saber de los ciudadanos y arroja opacidad sobre la vida pública.