Un arma poderosa

Los partidos políticos no abordan su propia financiación con la seriedad requerida por un asunto que contamina el sistema democrático. Ha sido precisa la investigación judicial de asuntos graves de corrupción, como el caso Bárcenas, para tomar conciencia de que en España ni siquiera está tipificada como delito la financiación ilegal de un partido, lo cual obliga a contorsiones jurídicas para embutir las conductas reprochables en otros tipos penales. La normativa legal se modifica con frecuencia —el último cambio en la estatal es de 2012—, pero eso aporta poco si las cautelas, prohibiciones y exigencias se estrellan contra la ineficacia en el control y sanción de las irregularidades.

Así, donde la ley establece que los partidos no pueden aceptar donaciones de más de 100.000 euros de una misma empresa, el uso de filiales permite sortear esa limitación. No menos conmovedor resulta el requisito legal de un “gratuito y fácil acceso para los ciudadanos” al balance y la cuenta de resultados de los partidos, los créditos que les conceden y las condonaciones de deuda; porque la propia ley condiciona tal publicidad a que el Tribunal de Cuentas haya emitido el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio de que se trate. Dado el ritmo al que trabaja esa institución (acaba de terminar la fiscalización de 2009 a 2011, y esto ya se considera un avance respecto a actuaciones anteriores mucho más tardías), hay un lapso de varios años entre los hechos de los que los partidos deben informar y el momento en que tales datos empiezan a llegar a los ciudadanos.

Por cierto, el último informe del Tribunal sugiere que 17 formaciones políticas se encontraban en quiebra técnica en 2011 y varias de las afectadas lo matizan o desmienten. Para evitar más confusión, urge aclarar si las diferencias se deben a tecnicismos o a problemas de fondo.

El presidente del Gobierno anunció hace meses nuevas reformas para incrementar los controles sobre los partidos y penalizar aspectos relacionados con la corrupción. Y el PSOE acaba de aprobar un documento político en el que se habla de fijar “normas estrictas de control y fiscalización”. ¿Con qué consecuencias?

En este debate, hay voces que claman contra la financiación pública de los partidos, mientras otras proponen eliminar las donaciones privadas. No es realista pensar en una opción drástica entre uno y otro sistema. Puestos a reformar algo con urgencia, hace falta un control independiente de las cuentas y forzar la transparencia. Los datos sobre donaciones deberían ser accesibles a los ciudadanos, no simplemente comunicados al Tribunal de Cuentas tres meses después de recibidas (y eso solo es obligado en caso de que superen 50.000 euros o se trate de un bien inmueble). Y las subvenciones públicas también deberían ser de inmediato conocimiento. La política necesita recursos, pero los ciudadanos tienen derecho a garantías contra las malas prácticas: y la transparencia es un arma poderosa.