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“No tengo miedo, tengo mucho por hacer”

Maricel Sandoval, activista colombiana, visita España dentro del programa Madrid protege y denuncia las amenazas que reciben quienes defienden los derechos humanos y el medioambiente

Maricel Sandoval, activista colombiana por los derechos humanos.
Maricel Sandoval, activista colombiana por los derechos humanos.

Buenos Aires es un municipio al suroccidente de Colombia, bañado por el río que da nombre a una región diversa y rica en recursos naturales. El 95% de su población vive en zonas rurales y el 85% de sus 33.000 habitantes se reconocen como negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes e indígenas. De allí, de esta zona al sur occidente del país, es Maricel Sandoval Solarte, una trabajadora social y activista entregada a la causa de su palenque con el entusiasmo y la fuerza que le dan sus 29 años de vida.

Por su labor en la defensa de los derechos étnico-territoriales como coordinadora del Palenque de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Social de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACOM), Maricel, así como los demás miembros de su asociación, viene siendo objeto de hostigamientos y amenazas permanentes en contra de su vida por parte de, entre otros, las Águilas Negras, uno de los varios grupos paramilitares que operan en la región y en el país.

Ella, junto a otras dos mujeres defensoras y líderes sociales, formaron parte de la primera edición de Madrid Protege, un programa de protección a defensoras de derechos humanos creado por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de ofrecer un “respiro” a las líderes sociales y defensoras de derechos humanos amenazadas en Colombia.

“El programa consiste en ofrecerles la posibilidad de alejarlas durante tres meses de los territorios hostiles, de la violencia y las amenazas para oxigenarlas, que descansen del estrés que les supone las intimidaciones constantes y que accedan a terapia sicológica y otro tipo de terapias sociales", afirma Raúl Rojas, coordinador del programa. "Además, comenta Raúl, ofrecerles la oportunidad de que se capaciten en competencias que les sirvan a sus organizaciones de origen (política, formulación de proyectos, derecho internacional humanitario, autoprotección, seguridad, etc.) y darles la posibilidad de que regresen fortalecidas a sus comunidades".

Otro de los objetivos de esta iniciativa, según Rojas, es la incidencia política que estas líderes pueden ejercer no solo en España, sino en Europa, para que las reivindicaciones sociales por las que trabajan tengan eco y puedan contar con aliados en la denuncia de la violación de sus derechos y en la difusión del acoso y desplazamiento forzado al que están siendo obligados y, cómo no, obtener apoyo para llevar a buen término la implementación del Acuerdo de Paz tan amenazado desde antes de su firma.

Mericel vino a España en el marco de Madrid Protege, un programa de protección a defensoras de derechos humanos creado por el Ayuntamiento

Así fue como durante su estancia en Madrid, Maricel tuvo la oportunidad de detallar la problemática sufrida por su comunidad, no solo ante organizaciones y organismos que operan en Madrid, sino frente a otras comunidades autónomas. En este sentido, además, asistió en Bruselas a un encuentro de estados europeos de Naciones Unidas que cooperan con la paz en Colombia, ya que es prioritario denunciar la grave situación que está atentando contra su pueblo y la paz de su país. Maricel ha insistido en la necesidad de que se les tenga en cuenta como comunidad afro, dado que en lo firmado en el Acuerdo de Paz hay un capítulo étnico esencial para ellos, que no se está cumpliendo y, las voces que se levantan para denunciarlo, son acalladas con amenaza de muerte.

En palabras del coordinador, es importante para Madrid Protege que los líderes amenazados visibilicen y denuncien su problemática en España y que la sociedad se sensibilice sobre lo grave que es que en Colombia se está asesinando a un líder social por día, algo que para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es muy preocupante, pues a dos años y medio de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, la cifra asciende a más de 130 excombatientes y 710 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

En Colombia apostar por la paz, la reconciliación, el derecho a la tierra y el retorno a ella con garantías, ser ambientalista y proteger los recursos naturales, oponerse a la minería ilegal y a la tala indiscriminada de bosques, o marchar contra la privatización de los ríos, es exponerse a ser tildado de “enemigo de la patria”, terrorista o comunista por parte de los grupos de extrema derecha. De ahí a que lleguen los primeros panfletos amenazantes o a recibir el primer atentado, hay un paso.

Mericel y otros activistas, durante un acto sobre los acuerdos de paz de Colombia. ampliar foto
Mericel y otros activistas, durante un acto sobre los acuerdos de paz de Colombia.

Con notable nostalgia que refleja en sus ojos, Maricel cuenta que hay muchos actores interesados en sostener el conflicto a quiénes resulta muy difícil enfrentar y el discurso de la institucionalidad no concuerda con la realidad que se vive en las zonas rurales del país. Esta disparidad en la versión que maneja el Gobierno y las comunidades vulnerables frente al peligro al que se exponen quedó plasmada cuatro horas después del regreso a Colombia de una de las compañeras de Maricel en esta experiencia de Madrid Protege, quien fue víctima de un atentado con fusil y granada de fragmentación, del cual, en esta ocasión, logró salir ilesa.

La defensora asegura que en su territorio "confluyen muchos actores como el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, la delincuencia común, las bandas criminales, la minería ilegal, la legal avalada por el Gobierno sin garantías ni para el medioambiente ni para los nativos, los ingenios azucareros y, por si fuera poco, las multinacionales". Todos ellos ocasionan despojos constantes con un modus operandi siniestro para instalar la guerra, que consiste en ocasionar enfrentamientos entre la comunidad que traen consigo un desplazamiento y detrás de este, vienen los terratenientes y las multinacionales a quedarse con nuestras tierras y recursos, porque tenemos la fortuna de habitar territorios muy fértiles. "Y así, en este juego macabro de la guerra, nos sentimos solos y desprotegidos a expensas de los asesinos", completa.

“El río Cauca, nuestro río, está siendo contaminado con cianuro y mercurio por parte de los extractivistas, hay mujeres a las que el solo contacto con el río les infecta su vagina ocasionándoles muchísimas enfermedades difíciles de tratar. Tenemos comprobado que hay un alto contenido de cianuro en el agua que la gente consume y estamos probando la incidencia en la salud de los habitantes de la zona. Por ello también nos amenazan, e incluso líderes ambientales han muerto por denunciarlo.

“En esta aberración hay responsabilidades concretas, como es el caso de las multinacionales canadienses presentes en la zona e hidroeléctricas como ECSA, quienes además de contaminar, desplazan masivamente", denuncia. Hace 30 años estas empresas ya dejaron incomunicada a la comunidad de La Salvajina que a día de hoy, por ejemplo, no tiene una ambulancia solicitada desde el año en 1986 y, en tantos años, la respuesta por parte del Estado siempre es la misma: No hay presupuesto. "Esto también es guerra, eso es atentar contra la vida, contra la humanidad y contra la identidad de un pueblo y eso se llama exterminio étnico, algo que a nivel de Naciones Unidas se debe denunciar y esa es nuestra tarea".

Es importante que los líderes amenazados visibilicen y denuncien su problemática en España

La activista subraya que viven momentos difíciles en una guerra que ya resulta muy larga y devastadora. "Tenemos organizaciones fuertes y comprometidas en salir de ella, pero seremos más fuertes si sociedades como la española se implican más en las soluciones. Buscamos alternativas para vivir y seguir trabajando el campo de forma tradicional, pero necesitamos tener incidencia fuera tanto para la denuncia y protección, como para que no se violen nuestros derechos". Mecanismos de protección alternativos como la Guardia Simarrona son claves para preservar la vida, pero también lo es poder trabajar la tierra, tener alimentación, tener acceso a agua limpia y ríos libres de contaminantes, o tener la garantía que las mujeres afros e indígenas no son botines de guerra.

Pese a la incertidumbre del regreso, esta joven defensora no pierde ni su sonrisa ni su valentía y asegura que reanudar el trabajo en su país, luego de la experiencia y todo lo aprendido en estos tres meses en Madrid, le produce gran satisfacción por todo lo que se lleva de esta experiencia para transmitir a su comunidad y aplicarlo en su territorio.

“Hemos creado redes de apoyo y vuelvo a unir estos dos mundos. Para las comunidades afros, los ríos son hilos de unión porque hay una integralidad en ellos y, ojalá que este océano hermoso que tenemos en medio, también nos una. Este océano también es un bien de la humanidad y un recurso por el que tenemos que luchar, para evitar la contaminación y que la vida en el mar muera ni los ciclos de vida se extingan. Más que ver que este océano nos separa, lo tenemos que ver como un punto medio de unión, porque el agua, que va y viene, nos reconforta, nos da vida y nos devuelve a la vida”, concluye.

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