Falta de ambición

Todos los informes científicos realizados al amparo de Naciones Unidas advierten de que el tiempo disponible para tomar medidas eficaces que eviten los peores efectos del cambio climático se agota. La próxima década será decisiva. Desde esta perspectiva, la evaluación de los planes de energía y clima presentados por los 28 países miembros de la Unión Europea resulta preocupante. Aunque se trata de planes preliminares, los compromisos que figuran en ellos no garantizan, en conjunto, el cumplimiento de los objetivos fijados por la UE según lo establecido en el Acuerdo de París para combatir el calentamiento global.

La UE se ha fijado como objetivo que en 2030 se hayan reducido un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990; que el consumo final de energía procedente de fuentes renovables alcance el 32%, y que la eficiencia energética mejore en otro 32%. Ninguno de ellos se alcanzará si los miembros más rezagados y renuentes, la mayoría de ellos países del Este, no hacen el esfuerzo necesario y asumen su parte alícuota de compromiso en los planes definitivos que han de presentarse en diciembre. Lamentablemente, no parecen muy dispuestos a ello. El incumplimiento de los objetivos es claramente un problema de voluntad política.

Resulta también decepcionante que, por culpa de algunos países encabezados por Polonia, la cumbre de jefes de Estado no haya podido alumbrar el compromiso de alcanzar en 2050 la neutralidad climática, es decir, no producir más gases de efecto invernadero de los que la naturaleza es capaz de absorber. De nuevo la oposición de varios países del Este ha dejado esta propuesta, que apoyaban con énfasis España y Francia, en una mera declaración de intenciones. Los opositores exigen compensaciones financieras por el esfuerzo adicional que deben hacer. La UE deberá tomarlo en consideración, pero hay que recordarles que la pertenencia a la Unión implica ventajas y derechos, pero también costes y deberes. Tampoco en la agenda de supresión del carbón se avanza adecuadamente: solo ocho países, entre ellos España, incluyen en sus planes un calendario concreto para prescindir de este combustible altamente contaminante.

La descarbonización de la economía es un paso imprescindible para evitar que las temperaturas se eleven a final de siglo por encima de dos grados centígrados respecto de la época preindustrial, teniendo en cuenta que ya ha subido alrededor de un grado. Pero también para reducir la dependencia energética que Europa tiene ahora respecto de los suministros de gas y petróleo.

Debemos congratularnos, en cambio, de que España haya pasado de ser uno de los países más atrasados y más remisos a asumir la agenda climática a ser considerado un modelo a seguir en cuanto a propuestas de intervención y buenas prácticas ambientales. Tras años de parálisis, nuestro país se ha colocado entre los líderes europeos en la lucha contra el cambio climático, con objetivos que superan incluso los fijados por la UE. España se propone, por ejemplo, que la energía procedente de fuentes renovables alcance dentro de 10 años el 40%. En estos momentos es el 17,5% y, aunque estamos lejos de los niveles que ya han logrado países como Suecia (54,5%) o Finlandia (41%), el plan presentado por el Gobierno supone un cambio de paradigma y ha sido elogiado por la Comisión Europea como uno de los más creíbles y ambiciosos.