Nueva ronda

La constitución de los Ayuntamientos ha dejado paso a una nueva ronda de pactos poselectorales, centrada en los Parlamentos autonómicos. De acuerdo con los compromisos ya alcanzados, el Partido Socialista incrementará su poder territorial en proporción semejante a la que lo pierde el Partido Popular. Las fuerzas emergentes, por su parte, no han conseguido escapar a su papel de bisagra, tras el significativo retroceso que experimentaron en las pocas semanas que mediaron entre las elecciones generales y las municipales y autonómicas. La legislatura despejará la duda de si la proliferación de estos partidos ha sido un fenómeno coyuntural, vinculado a las crisis económica y territorial, o responde, por el contrario, a una corriente electoral de fondo que reclama mayor pluralismo.

Más partidos con representación institucional no ha significado hasta el momento más alternativas políticas, que han seguido siendo solo dos en la práctica totalidad de las comunidades. Ni tampoco los programas parecen haberse enriquecido por la presencia de más participantes en la negociación, puesto que la lógica que ha inspirado los acuerdos en el nivel municipal respondió a las necesidades de los que se buscaban en el autonómico. El juego endiablado de pactos preferenciales y de vetos inamovibles, establecidos antes siquiera de conocerse los resultados electorales, buscaban lo que hoy parece confirmado: que el candidato al que el Rey ha encargado la formación de Gobierno, Pedro Sánchez, deba elegir entre contar para su investidura con las fuerzas independentistas o abocar el sistema a nuevas elecciones.

Más que astucia política, los patrocinadores de esta estrategia han demostrado falta de escrúpulos institucionales, puesto que para imponerla han debido incorporar a las mayorías de Gobierno en todos los niveles a cuanta fuerza antisistema consiguió representación en el reciente ciclo electoral. Es de esperar que, puesto que esta incorporación ha sido un designio suyo, dinamitando de antemano cualquier espacio central de entendimiento, no pretendan ahora llevar el debate político hacia la disquisición inane de si es menos desestabilizador los independentistas en Navarra o la ultraderecha en Madrid. Porque la integridad del Estado democrático es un problema decisivo, pero tan decisivo como la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos que conviven en él. Y, sobre todo, porque los resultados electorales permitían una salida simultánea a ambos problemas, sin necesidad de tender trampas saduceas: bastaba que algunos líderes hubieran distinguido entre sus ambiciones personales y la incontrovertible realidad de los resultados obtenidos.

El mapa de poder autonómico que dibujan los pactos alcanzados será determinante para abordar la reforma largo tiempo aplazada de la financiación autonómica. La mayoría de Ejecutivos liderados por el partido socialista parecería, en principio, simplificar la negociación, sobre todo si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, revalida su mandato. La realidad es que, de persistir la oposición en la estrategia seguida para la formación de Ejecutivos municipales y autonómicos, el horizonte de crispación parece llamado a prevalecer sobre cualquier esperanza de acuerdo. Si se alcanza, arreciarán las acusaciones de entrega al independentismo. Si no se alcanza, será el independentismo el que siga contabilizando farisaicos motivos para proseguir con su programa.