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La paz civil y la transacción necesaria

El colapso del impulso separatista catalán situará de nuevo sobre la mesa y con mayor diafanidad las grandes cuestiones no resueltas: las cuestiones referidas al Estado federal y las transferencias fiscales

La paz civil y la transacción necesaria

El proceso independentista en Cataluña es un cadáver insepulto. Es cuestión de tiempo que otros planteamientos y otros protagonistas políticos ocupen el lugar de un proyecto desmesurado y dañoso para la salud de la democracia en Cataluña y España. Su colapso es una buena noticia del que todos aquellos capaces de un razonamiento independiente debemos alegrarnos. Hechas estas afirmaciones, sin embargo, es absolutamente necesario reflexionar sobre cuestiones que estos tensos años pasados nos plantean.

Está, en primer en lugar, la cuestión de las relaciones entre el trabajo de los científicos sociales y el de los políticos. En Cataluña, aquellos que hemos opinado sobre el procés nos hemos terminado dividiendo inevitablemente en partidarios y detractores en función de nuestra posición final en términos tajantes y dicotómicos. Esta imposición dicotómica eliminó de entrada cualquier debate de fondo sobre el significado de un modelo de ruptura de alto riesgo pero de indudable seguimiento popular. Ahora, cuando las urgencias políticas darán paso a la melancolía de las empresas excesivas o a la euforia de los defensores del statu quo, será un buen momento para valorar el peso o la futilidad de los argumentos que han utilizado unos y otros, y de situar los razonamientos en un marco más amplio. La recuperación de algo de calma devolverá a la mesa de debate cuestiones de fondo que esperemos puedan ser abordadas con mayor consistencia técnica y mayor altura de miras política y moral.

Un proceso de ruptura política como fue el seísmo catalán no nace de la nada ni es un fenómeno ilusoriamente local para ser exorcizado con apelaciones al populismo, a la xenofobia o, con menor novedad u originalidad, al nacionalismo burgués, al parecer exclusivo de los habitantes de aquel rincón peninsular. El uso y abuso de conceptos de tan gran calado nunca es bastante para definir nada, para apresar lo particular. La simplificación que desprestigiaría en un debate académico serio no puede bendecir el escuálido discurso político al que se nos quiere acostumbrar. Además, la salida no puede ser el silencio ni la ausencia de discusión de mayor calado intelectual. Todo lo contrario, la discusión en los moldes de las ciencias sociales —sociológica, constitucional, histórica, económica— es aquello que debe incitarse, demandarse y reclamarse en momentos de crisis.

La derrota del ‘procesismo’ es ya clamorosa y está a la vista de quien quiera mirar la realidad sin falsas ilusiones

Sería una ilusión más esperar que este debate nazca de las demandas de los partidos y de las subvenciones de los poderes públicos y de una gran cantidad de organismos que de ellos dependen. Ya se ha visto lo que dan de sí estos alineamientos con conclusiones fijadas de antemano. Herencia del liberalismo clásico, la libertad intelectual y el debate civil son imprescriptibles para avanzar.

El colapso del impulso separatista situará de nuevo sobre la mesa y con mayor diafanidad las grandes cuestiones no resueltas. Entre ellas, las dos que alimentaron el descontento y la manida desafección que agruparon a tantas personas detrás de banderas demagógicas regresarán al espacio de la discusión civilizada, informada y honesta. La primera se refiere a las cuestiones referidas a un Estado federal (o federalizante) a partir del régimen autonómico de la nación de naciones, un esquema al que le ha faltado desarrollo y claridad, anulado a menudo por las mismas instituciones que deberían defenderlo. En segundo lugar está la otra cara de la moneda, que no es otra que la de las transferencias fiscales. Ambas regresarán de nuevo al centro del debate. Ciertamente el país no es la Constitución, pero ambas cuestiones son la médula del debate sobre la discusión territorial.

La riqueza de la cultura política española desde 1978, y lo que fue la miseria de la etapa franquista por la misma razón, radica en la pluralidad de voces que debe aunar: voces forales, voces de las naciones que conforman la nación de naciones, voces de aquellos que no llegaron a tiempo en la etapa republicana, voces de aquellos que aprendieron el lenguaje del autogobierno con la liberación de fuerzas que, en definitiva, significó el restablecimiento de la democracia tras 1975. Esta pluralidad se expresa en las lecturas diversas del autogobierno, allí donde la complejidad y pluralidad social, cultural y lingüística se interrelaciona con el sistema político. El reconocimiento de esta pluralidad es la esencia de un debate civilizado y útil.

En una democracia que aspire a crecer, dos millones de ciudadanos no pueden ser excluidos de la vida civil

Este reconocimiento nos obliga a constatar un estrepitoso fracaso civil. No existe ni se espera un diálogo civil entre los dos lados de la divisoria política catalana reciente. La derrota del procesismo es ya clamorosa, está a la vista para quien sea capaz de mirar la realidad de cara y sin falsas ilusiones. Sin embargo, el problema para algunos que nos hemos desgastado tratando de discutir sus razones no es invocar su próxima derrota, sino preparar un futuro para todos. En una democracia que aspire a crecer, dos millones de ciudadanos no pueden ser excluidos de la vida civil. Tampoco servirá de mucho que se sientan derrotados para siempre. La transacción es por consiguiente necesaria e inevitable.

Si me he explicado bien, no obstante, se comprenderá que transacción no significa ni puede significar en el futuro la oclusión del debate intelectual entre uno y otros. Todo lo contrario. Debe continuar y ser implacable en sus términos, los términos de la discusión política y del imperativo moral, de la comprensión histórica, de la determinación de la posición de Cataluña en España, en Europa y en el mundo.

La responsabilidad de la política y del político se mueve sin embargo en un plano distinto. Entre el irredentismo victimista de unos y la hipótesis de una destrucción completa del adversario de otros debe imponerse la vía media si no se quiere perpetuar una herida que divide y separa a la sociedad. En este punto sí que la transacción es necesaria. A un lado de la mesa deberán regresar ordenadamente y con garantías plenas de veracidad las dos grandes cuestiones del orden político y de la distribución territorial de recursos antes referidas; del otro lado deberá aceptarse sin tapujos el orden constitucional que nos ampara a todos.

Lo uno sin lo otro, y por ambos lados, no resolverá el problema. Se impondrá lo más una solución penal y el restablecimiento de un autonomismo otra vez parcheado. Y mañana otra generación de españolitos que vienen al mundo se enfrentará a problemas parecidos, en un mundo todavía más complejo dominado por los free riders de la globalización. Mientras, la metodología de los años 1977-1978 se desvanece poco a poco entre discursos huecos y gestos vacíos. Y la mesa de expertos y relatores, que, en Barcelona primero y luego en la capital federal, deberá aislar, formalizar y establecer los términos del armisticio, sigue vacía a ambos lados.

Josep M. Fradera es catedrático de Historia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

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