Mordazas sin fronteras

Relata la editora argentina Florencia Griego en su reciente libro En Corea del Norte. Viaje a la última dinastía comunista que a mediados del siglo pasado los ciudadanos del hermético país asiático tenían prohibido abandonar su lugar de residencia si no contaban con un permiso de viaje emitido por las autoridades locales. El freno a la libre circulación de personas se asentaba en el songbun,un sistema que distribuía geográficamente a la población según su grado de lealtad.

El régimen norcoreano ha tenido el extraño privilegio de ser también la nación más hostil para la libertad de expresión. Pero esta semana ha perdido tan lastimoso liderazgo en favor de Turkmenistán, el país que ocupa el puesto 180º (y último) en la clasificación que cada año elabora Reporteros sin Fronteras (RSF) para calibrar la salud de la prensa en el mundo. Este pequeño escalón que asciende Corea del Norte obedece a la aparente apertura que han supuesto los encuentros entre Kim Jong-un y Donald Trump.

Turkmenistán ha tomado así el relevo como el Estado más maléfico por la persistente persecución emprendida por el Gobierno del autodenominado Padre Protector hacia los corresponsales de medios de comunicación que trabajaban en el país de forma clandestina. En el polo opuesto se sitúa Noruega. Europa Occidental es en general un territorio donde la prensa puede trabajar sin correr peligro, aunque no está exento de riesgos, como se acaba de comprobar tras el asesinato de la periodista de 29 años Lyra McKee, que perdió la vida el jueves por los disparos producidos en los disturbios en Londonderry. La policía investiga el caso como un “incidente terrorista”.

Reino Unido ocupa el puesto 33º en la lista de RSF. El año pasado fueron detenidos en Irlanda del Norte los periodistas Trevor Birney y Barry McCaffrey por una investigación policiaca de la masacre de Loughinisland.Salieron en libertad bajo fianza. En mejor posición (15º lugar) está Irlanda, pese a que la ley prohíbe a los policías hablar con los periodistas sin una autorización previa. Los oficiales que no respeten la norma pueden perder su trabajo o ser sancionados con multas y penas de hasta siete años de prisión. Las mordazas no tienen fronteras. Abundan en Turkmenistán y asoman en la vieja Europa.