Proteger la vejez

La sociedad está muy sensibilizada, como debe ser, ante el maltrato infantil y por eso cuenta con mecanismos eficaces de detección y denuncia, pero no tanto ante el maltrato a los ancianos desvalidos. El caso de las agresiones denunciadas en la residencia Los Nogales de Hortaleza (Madrid) es sólo el último episodio de un grave problema del que solo emerge la punta del iceberg.

El caso se ha conocido por la denuncia de la Fiscalía contra tres trabajadores de ese centro por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas después de que el hijo de una de ellas grabara con cámara oculta lo que ocurría en la habitación de su madre. El denunciante recurrió a este método al comprobar que las reiteradas sospechas planteadas a los responsables del centro no tenían respuesta alguna. Más tarde se ha podido comprobar que la residencia no comunicaba las quejas y denuncias a la consejería de Políticas Sociales y Familia como establece la normativa vigente. Se da pues, en este caso, una de las premisas que mayor inquietud social provoca, la opacidad, no solo por parte de la entidad denunciada, sino también por parte de la Administración que debe ejercer el control, la Comunidad de Madrid.

La falta de transparencia es una de las condiciones que favorece el maltrato institucional. Las familias deberían poder conocer cuántas denuncias o quejas se han presentado contra el centro en el que van a ingresar a un pariente. Como se ha demostrado en otros países, esa es una información del máximo interés para la comunidad y un mecanismo preventivo muy eficaz contra los malos tratos. De poco sirven las inspecciones puntuales, y menos cuando son anunciadas con anterioridad. Esas inspecciones pueden detectar carencias estructurales y deficiencias materiales, pero difícilmente pueden captar las conductas inadecuadas, vejatorias o de maltrato en el cuidado de los ancianos. No se encuentra lo que no se busca. Una de las prácticas más cuestionables es el abuso de los fármacos para tener a los ancianos en un estado de aletargamiento que permita suplir la falta de personal. Hay que aplicar medidas para evitar los abusos y uno de los mecanismos de prevención y control puede ser la participación de las familias en los órganos de gestión.

España tiene pendiente un debate sobre el modelo de atención a las personas mayores, un problema que conforme envejece la población será cada vez más acuciante. Si la tendencia se mantiene, en pocos años vamos a ser el país más longevo del mundo. Eso obligará a adaptar nuestras estructuras sociales a las necesidades de una población más envejecida y dependiente. El cuidado de los ancianos desvalidos recae ahora mayoritariamente sobre las familias, pero los cambios demográficos, sociales y culturales exigirán una respuesta pública mucho más intensa y extensa. Es preciso avanzar, como ya hacen algunas residencias, hacia un modelo orientado a dar una atencion personalizada a cada residente según sus necesidades, en lugar del tratamiento uniforme que rige ahora en muchos centros. En estos momentos hay más de 250.000 personas en lista de espera para una plaza de residencia pública, de las cuales 110.000 presentan una dependencia severa. Es pues urgente revisar las actuales políticas públicas, no solo para atender la creciente demanda de plazas, sino también para asegurar una atención de calidad. Una sociedad que no protege a sus mayores no puede considerarse socialmente avanzada.