Alevoso peaje

El Partido Popular y su líder, Pablo Casado, han dado muestras desde el primer día de campaña de los extremos a los que están dispuestos a llegar en el ataque a sus adversarios. Con ello, no solo retoman el lado más montaraz de un partido empeñado en recordar a los ciudadanos que no es el heredero de los hombres y mujeres que impulsaron la Transición en torno al presidente Suárez, sino de otros líderes que, oponiéndose en su día a la Constitución en la que se materializó, pretendieron pasados los años apoderarse de ella, monopolizándola como supuesto programa de Gobierno frente a todos los demás. Ha transcurrido tiempo suficiente como para saber que el progreso de España y la consolidación de sus instituciones democráticas se han conseguido a pesar de la crispación, no gracias a ella.

Acusar de corrupción a un adversario mediante una sonrojante escenificación callejera, como ha hecho el Partido Popular junto a la sede del Partido Socialista, no es una prueba de ingenio, sino un insulto a los ciudadanos que si algo esperan de los candidatos a representarlos son argumentos para confiarles la solución a problemas tan graves como los efectos sociales de la crisis económica y las tensiones territoriales provocadas por el independentismo. Por otra parte, la actitud del Partido Popular y de su líder, manipulando el debate público con actuaciones y declaraciones incompatibles con el respeto a las reglas democráticas, obliga a recordar lo evidente: esta es la hora en que la fuerza política sobre la que ha recaído una sentencia judicial por el más grave caso de corrupción que ha padecido la democracia española, y al que ahora se suma el descubrimiento de que posiblemente organizó un grupo parapolicial para espiar a los adversarios, no solo no ha reconocido ninguna responsabilidad en estos hechos, sino que, recurriendo a la crispación, prefiere convencer a los ciudadanos de que todos los partidos son iguales. Contra lo que parecen creer el Partido Popular y su líder, eso no es ofrecer una alternativa de Gobierno a los ciudadanos, sino invitarlos a que conviertan sus votos en imposibles coartadas, eximiéndoles de rendir las cuentas políticas que todavía tienen pendientes.

La crispación a la que vuelve a recurrir el Partido Popular —incapaz de comprender que es la misma que inspira a quienes atacaron en una universidad pública a su candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo— tiene, sin duda, efectos inmediatos, como es distorsionar las razones por las que los ciudadanos se ven confrontados a decidir su voto. Pero tiene, además, efectos a largo plazo, que son los que empiezan a pesar en el sistema español. Convertir el debate público en un territorio de impunidad para la mentira, el insulto y la manipulación, disuade de participar en él a los ciudadanos más capacitados.

La razón es sencilla: en lugar de retribuir en forma de respeto a quienes consagran su inteligencia y su formación al servicio público, la crispación les impone el alevoso y destructivo peaje de sacrificar su dignidad. Bien porque la pierden al atacar, bien porque la arriesgan contra su voluntad al ser víctimas del ataque.