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Yihadistas españolas

Es un asunto que debe solucionarse desde planteamientos humanitarios, pero con una estricta aplicación de la ley

Las españolas Yolanda Martínez, Lubna Miludi y Luna Fernández, este martes en Al Hol, en el noreste de Siria.
Las españolas Yolanda Martínez, Lubna Miludi y Luna Fernández, este martes en Al Hol, en el noreste de Siria.

Las tres yihadistas españolas atrapadas en la guerra de Siria tienen el derecho a volver a España y el Gobierno tiene el deber de facilitar su repatriación, máxime cuando tienen 15 menores a su cargo. Pero esto no quiere decir que puedan sustraerse a la legislación española, ya que la Fiscalía está estudiando si podrían enfrentarse al delito de pertenencia a organización terrorista. El regreso a casa de los extranjeros que salieron voluntariamente hacia el califato, el territorio en manos de los terroristas del Estado Islámico, representa un problema jurídico para todos los países cuyos ciudadanos decidieron unirse a los radicales. Los militantes del ISIS cometieron violaciones masivas de los derechos humanos, sometieron a la población de las zonas que controlaban a un régimen de terror y planificaron, alentaron o ampararon atentados en Occidente.

Las tres españolas localizadas en Siria —Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi— se encuentran retenidas en Al Hol, un inmenso campo en el que se hacinan en durísimas condiciones cerca de 72.000 familiares del ISIS, entre ellos miles de niños. El campo está controlado por las milicias kurdas que acabaron con el último reducto del grupo terrorista en la localidad de Baghuz. Las tres han pedido regresar a España con sus hijos —once suyos y otros cuatro de familias del ISIS fallecidas que están a su cargo—. Se encuentran en un campo vigilado por guardias armados y no pueden circular en libertad, aunque oficialmente no están detenidas.

En la zona en la que se encuentran no se aplica ninguna de las normas diplomáticas al uso: se trata de un territorio en guerra, que pertenece a Siria, aunque está bajo control de las milicias kurdas, que cuentan con el apoyo militar de varios países occidentales. No existen ni embajadas, ni consulados, aunque sí hay agentes españoles en la zona. Todo esto no impide que las tres mujeres, sus hijos y los menores a su cargo puedan viajar a España con ayuda —Francia ha repatriado a cinco menores huérfanos—. De hecho, los milicianos kurdos han realizado repetidos llamamientos a los diferentes países para que repatríen a sus nacionales en Al Hol.

Sin embargo, aunque las tres han reiterado que no han cometido ningún delito, que viajaron a Siria engañadas y que rechazan el terrorismo del ISIS, es la justicia española la que debe determinarlo. Dos de ellas, Yolanda Martínez y Luna Fernández, aparecen en investigaciones antiterroristas. Otras mujeres, una de ellas la semana pasada, han sido condenadas a penas de prisión por intentar viajar al territorio controlado por el ISIS. Su seguridad, y la de los menores a su cargo, debe ser la prioridad y es imposible mantenerlas en una zona de guerra. Es un asunto que debe solucionarse desde planteamientos humanitarios, pero con una estricta aplicación de la ley.

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