Urgencia por gobernar

La reunión de la Diputación Permanente del Congreso para debatir y aprobar los seis decretos leyes que el Gobierno propuso después de convocar elecciones generales se convirtió el miércoles en el prolegómeno de lo que promete ser una bronca campaña electoral. Aunque los seis decretos fueron aprobados, lo que se pudo ver en la sesión es que siguen existiendo partidos, como el PP, que reniegan de bajar al detalle de las iniciativas y que, amparados supuestamente en sus principios ideológicos, las rechazan en bloque con el único afán de sacar rédito electoral a la vieja polarización partidista. Votaron en contra incluso del decreto ley que establece un plan de contingencia ante un Brexit sin acuerdo.

Cualquier Gobierno tiene la legitimidad y la obligación de gobernar hasta el último minuto. Lo que debía discutirse el miércoles era si las iniciativas del Ejecutivo revestían la “extraordinaria y urgente necesidad” que establece la Constitución para recurrir a la figura del decreto ley. Pero esta circunstancia fue obviada completamente por los populares durante sus intervenciones. Ni siquiera las formaciones ahora afines al PP secundaron esta estrategia: Ciudadanos, con mejor criterio, convalidó tres de los decretos leyes.

Una de las cosas importantes de esta aprobación final es que el Parlamento ha demostrado de nuevo su normal funcionamiento en el marco de la ley incluso en un formato poco habitual, pero recogido y legitimado en la Constitución.

Al Ejecutivo podría criticársele que haya hecho coincidir su voluntad de gobernar con una suerte de plataforma publicitaria, pero no que ejerza sus competencias constitucionales.

Es cierto que resulta difícil definir qué medidas son de “extraordinaria y urgente necesidad” y cuáles no. Puede tratarse de una cuestión de apreciación en la que lógicamente influye el planteamiento político. Quienes se van a beneficiar de las ayudas a los parados mayores de 52 años, de la ampliación del permiso de paternidad y de los cambios en el mercado del alquiler lógicamente considerarán que no hay justificación formal que retrase la solución de sus problemas. Lo mismo sucede con los decretos dedicados a la estiba y a las inversiones de los Ayuntamientos y comunidades —textos más técnicos— que también salieron adelante.

Con esta sesión, se confirma una tendencia a la polarización extrema que está marcando la vida política española desde que tras las elecciones de diciembre de 2015 no surgió un Gobierno con mayoría estable en el Parlamento. Sería conveniente que los partidos políticos aprendieran a ejercitar la cultura del pacto, cultivando ese indispensable respeto a los adversarios y la toma en consideración de sus iniciativas. Esta es una cuestión que se está volviendo imprescindible en unas democracias cada vez más complejas y en las que con mucha frecuencia se están produciendo acuerdos entre fuerzas distanciadas sobre el papel pero que, en temas centrales, y pesar de defender opciones diferentes, actúan pensando en el interés general.