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Mejorar la Administración

El empleo público mantiene la calidad de los servicios, pero no resuelve el paro

Meritxell Batet, ministra de Administraciones públicas
Meritxell Batet, ministra de Administraciones públicas

La aprobación de la oferta de empleo público para 2019, más de 33.000 plazas que deberán ser cubiertas mediante oposiciones y otras pruebas de larga tramitación, ha reactivado la acusación de electoralismo imputada al Gobierno por el PP y Ciudadanos. Las críticas a los llamados viernes sociales se fundamentan en la utilización del decreto como instrumento legislativo, cuando solo se justifica en razones de urgencia, y sobre la sospecha de que se utiliza el gasto social para ganar votos para el Gobierno. Sin embargo, y además del hecho de que todos los Ejecutivos han usado discrecionalmente el decreto, lo que sí puede argumentar el Gobierno con verosimilitud es que una oferta de empleo público pierde gran parte de sus efectos beneficiosos sobre la economía si se empieza a poner en marcha a mediados de un ejercicio. Es más racional hacerlo a principios de año.

El empleo público es una palanca de colocación que no puede ser despreciada sin más, como si solo fuera defendible el empleo privado. En primer lugar, porque sostiene desde la Administración una red de seguridad contra el paro que el mercado laboral da por descontada. Esta red es importante en un momento en el que se aprecian algunas vacilaciones en la generación de empleo, causadas por el inicio de una desaceleración del crecimiento y que provocaron cierta alarma una vez conocidas las estadísticas laborales de enero y febrero. La evolución del paro en marzo ha sido relativamente buena, como se pone de manifiesto cuando se registran 155.000 cotizantes más a la Seguridad Social, pero no ha despejado las dudas surgidas sobre la desaceleración. En ese sentido, la oferta de empleo confiere un mínimo de tranquilidad, al menos durante este año.

Aunque se ha explicado poco, una oferta de empleo público otorga seguridad a los opositores que esperan las pruebas para definir su futuro, y esta seguridad no es canjeable o demorable por motivos electorales. Conviene recordar, además, que la Administración requiere en primera instancia una renovación de sus envejecidas o menguadas plantillas y, en segunda instancia, una reforma en profundidad. Aplazar la ampliación o renovación de plazas hasta después de las elecciones equivale a causar un perjuicio innecesario a los servicios públicos. Los críticos de la iniciativa olvidan además que forma parte de un acuerdo, iniciado por el Gobierno anterior, para reducir la temporalidad del empleo en la Administración. Empleos más estables contribuyen a consolidar el crecimiento.

Dicho lo cual, merece la pena insistir en que las soluciones para reducir el desempleo y la precariedad hay que aplicarlas sobre todo en el empleo privado. La oferta pública es algo que había que hacer; su ausencia aumentaría las dudas sobre el empleo, pero su presencia no las resolverá. Después de las elecciones es imperativo definir y negociar una política de empleo radicalmente distinta de la estrategia de remiendos aplicada entre 2012 y 2018. No se trata solo de aumentar el gasto social allí donde la crisis haya causado más daños, sino de incentivar la producción con mayor valor añadido.

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