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Votar en Cataluña

Los independentistas pretenden hacer de las elecciones un instrumento para provocar la parálisis del Estado

Fachada del Palau de la Generalitat de donde cuelga, junto a la bandera catalana, un cartel y un lazo amarillo reivindicando la libertad de los políticos encarcelados.
Fachada del Palau de la Generalitat de donde cuelga, junto a la bandera catalana, un cartel y un lazo amarillo reivindicando la libertad de los políticos encarcelados. EFE

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que no cumplirá con el requerimiento de la Junta Electoral para que retire los lazos amarillos y las banderas independentistas de los edificios públicos en Cataluña, a fin de que las Administraciones cumplan con el deber de neutralidad cuando los ciudadanos son convocados a las urnas. La negativa de Torra ante razones que cualquier representante electo habría tomado en consideración por propia iniciativa, revela una vez más la distancia que media entre la imagen que el independentismo pretende forjar de sí mismo a través de la propaganda, y la realidad del ventajismo desde el que pretende gobernar unas instituciones que son las de Cataluña, no las de su Cataluña imaginaria. Quizá sus ensueños previeran para esta que los ciudadanos voten bajo presión, bajo un bosque de banderas agitadas ante los colegios por comités de adictos a su causa. No, desde luego, en la que al amparo de la Constitución y del Estatut acudirá próximamente a las urnas.

Recordar al máximo representante del Estado en Cataluña que su deber es cumplir y hacer cumplir la ley podría parecer ocioso cuando el único programa político de los independentistas es desafiarla. Más allá de las consecuencias legales que pueda conllevar su decisión, están las evidencias políticas que han vuelto a quedar al descubierto: si hasta ahora los independentistas repetían que democracia era votar, con su rechazo del requerimiento de neutralidad de la Junta Electoral han matizado que solo es así en el supuesto de que se vote sobre lo que ellos deciden, y en las condiciones que a ellos les convenga.

La decisión de Torra no es ajena a la tortuosa ingeniería jurídico-legal con la que su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, intenta seguir presente en una sociedad de la que ha desertado, unidos ambos por el estéril empeño de mantener vivo en ella el conflicto que crearon y fantasear con que se propague al resto de España y de Europa. Ambos parecen haber olvidado que, en este empeño, no es que no cuenten con Europa ni con el resto de España, salvo los partidos que replican su ultranacionalismo con más ultranacionalismo; es que no cuentan tampoco con Cataluña, porque las urnas habrán de decidir amparadas por la neutralidad de los poderes que exige la democracia lo que ellos, ante sí y por sí, dan por decidido.

Los independentistas pretenden hacer de las elecciones un instrumento para provocar la parálisis del Estado. Hay que estar instalado en el desprecio de la democracia para atreverse a proponer a los catalanes semejante programa. Precisamente a los ciudadanos de Cataluña, a los que un Govern y un Parlament en manos de independentistas no han sido capaces de ofrecer una sola medida para paliar los efectos de una recesión sin precedentes, una sola ley para garantizar la convivencia en la discrepancia, o un solo nombramiento que garantice el funcionamiento de los organismos públicos. Solo el conflicto por el conflicto y la parálisis por la parálisis, a ver si de este modo consiguen que prenda el odio por el odio.

 

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